Femicidio de Érika Álvarez: la defensa de “El Militar” Sosa podría apartarse del juicio

La décima audiencia del juicio por el femicidio de Érika Antonella Álvarez podría abrir un nuevo capítulo en el proceso judicial. Los abogados Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, defensores de Felipe “El Militar” Sosa, principal imputado por el crimen, darían a conocer su decisión de apartarse de la representación técnica, en medio de fuertes diferencias con su defendido.

Según informó Los Primeros, la posible salida estaría relacionada con desacuerdos profesionales que habrían alcanzado un punto de quiebre. Además, trascendió la existencia de un episodio interno que incluiría un supuesto intento de agresión física de Sosa contra Flores, una situación que habría profundizado el conflicto entre el acusado y sus abogados.

El escenario también está atravesado por las advertencias sobre presuntas presiones y amenazas de muerte que estaría recibiendo el imputado. Durante las audiencias anteriores, el debate incorporó referencias a una posible trama vinculada con el tráfico de drogas sintéticas en fiestas electrónicas y la llegada de avionetas con sustancias ilegales.

En ese contexto, volvió a aparecer la figura de Carlos “El Mayor” Ferreira, ciudadano paraguayo señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico y con quien Érika mantenía contacto. La posibilidad de que Sosa aporte información sobre terceros durante el juicio también forma parte de las preocupaciones que rodean el desarrollo de las audiencias.

La eventual dimisión de Cosiansi y Flores deberá ser evaluada por el tribunal integrado por las juezas Eliana Gómez Moreira y María Valeria Mibelli, junto al magistrado Gonzalo Ortega. Hasta el momento, los letrados no habrían presentado un escrito formal para comunicar su decisión, por lo que deberán explicar los motivos de una posible renuncia en pleno desarrollo del debate.

El marco regulatorio del Código Procesal Penal de Tucumán contempla condiciones para que los abogados puedan abandonar una representación durante un juicio. Si el tribunal considera que la decisión resulta injustificada o intempestiva, podría abrir un incidente de conducta contra los profesionales.

Entre las posibles consecuencias mencionadas se encuentran un apercibimiento administrativo, multas económicas equivalentes al sueldo de un juez de primera instancia y la separación definitiva del debate. También podría disponerse la remisión de las actuaciones al Colegio de Abogados de Tucumán.

Si la renuncia queda firme, Sosa tendrá un plazo de 72 horas para designar a un nuevo abogado particular o solicitar la intervención de la Defensoría Oficial. Quien asuma la defensa deberá incorporarse a un proceso que ya completó nueve audiencias y cuenta con una estrategia de representación previamente desarrollada.

Uno de los puntos centrales será el alcance del artículo 276 del Código Procesal Penal, que permite suspender el juicio por un máximo de 10 días para que la nueva defensa pueda examinar las actuaciones. Si el receso supera ese límite, el debate oral quedaría anulado y debería comenzar nuevamente desde cero, con el consecuente impacto sobre la prueba ya incorporada.