Presupuesto 2027: Jaldo busca fijar condiciones para que otros poderes modifiquen sus partidas

El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno de Tucumán a la Legislatura incorporó una disposición que podría generar diferencias entre los poderes del Estado. El artículo 29 establece que las modificaciones de las partidas presupuestarias del Poder Legislativo, el Poder Judicial y los organismos descentralizados y autárquicos deberán ajustarse a los lineamientos de la ley provincial y sus normas complementarias.

La propuesta, impulsada por la administración de Osvaldo Jaldo, introduce nuevas condiciones para la administración de los recursos asignados a esas instituciones. Aunque reconoce las atribuciones de sus autoridades para disponer cambios en sus presupuestos, exige que esas decisiones se encuadren en los criterios establecidos por la legislación presupuestaria.

El documento fue remitido a la Legislatura el 28 de octubre y contempla gastos totales por $7,35 billones, con un superávit fiscal proyectado de $304,5 millones para el próximo ejercicio. Lleva las firmas del gobernador y del ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, y conserva buena parte de la estructura de los presupuestos anteriores, aunque incorpora condiciones que podrían convertirse en uno de los ejes de la discusión parlamentaria.

En términos administrativos, la disposición apunta a establecer un marco común para las modificaciones que puedan realizarse durante el ejercicio sobre las asignaciones originalmente aprobadas. Sin embargo, algunos legisladores interpretaron que el Ejecutivo busca ampliar su capacidad de condicionamiento sobre las decisiones financieras de los otros poderes.

Las observaciones están relacionadas con los posibles efectos del artículo sobre la autonomía presupuestaria de la Legislatura, la Justicia y los organismos que cuentan con facultades propias para administrar sus fondos. Por ahora, esas inquietudes no se tradujeron en cuestionamientos formales dentro de la comisión de Hacienda y Presupuesto, ya que el proyecto todavía no comenzó a ser analizado.

El tratamiento estará a cargo de ese cuerpo legislativo, presidido por el parlamentario Carlos Gallia. Allí se espera que los representantes de los distintos bloques examinen tanto las previsiones de ingresos y gastos como las disposiciones administrativas incorporadas al articulado.

La agenda parlamentaria contempla una sesión inmediata y la posibilidad de otra convocatoria durante la semana siguiente. En ese cronograma, se estima que el análisis específico del Presupuesto 2027 podría comenzar durante la última semana de noviembre.

La discusión sobre las facultades del Ejecutivo para establecer condiciones sobre los recursos de otros poderes no es nueva. Durante la elaboración del presupuesto del año anterior, el Gobierno provincial había intentado vincular las transferencias mensuales a esos organismos con la recaudación efectiva de Rentas Generales. Ese mecanismo habría condicionado la disponibilidad de los fondos a los ingresos que obtuviera la administración provincial durante cada período. Sin embargo, la propuesta fue modificada durante su tratamiento en la comisión legislativa.

Los parlamentarios establecieron que las transferencias destinadas a los poderes Legislativo y Judicial, los ministerios Fiscal, Pupilar y de la Defensa, y los tribunales de Cuentas y Fiscal debían realizarse conforme a las disposiciones legales vigentes. De esa manera, eliminaron el condicionamiento relacionado con la evolución de la recaudación provincial y mantuvieron el régimen de transferencias previsto por las normas correspondientes.

La modificación quedó incorporada a la Ley 9.942, actualmente vigente, y constituyó un antecedente de la intervención de la Legislatura para revisar las condiciones financieras propuestas por el Ejecutivo. Otro punto que volvió a incluirse en el proyecto para 2027 está relacionado con los fondos que los organismos no hayan utilizado al finalizar el ejercicio presupuestario. Desde el Presupuesto 2025, la legislación provincial contempla que los recursos no ejecutados y/o devengados que permanezcan depositados en las cuentas bancarias de los otros poderes y organismos autárquicos al cierre del año sean considerados excedentes financieros.

Esos montos deben incorporarse como recursos remanentes para su utilización al comienzo del ejercicio siguiente. La disposición también había generado diferencias cuando fue presentada inicialmente, principalmente por la redacción y las interpretaciones sobre el destino de los saldos disponibles. Pese a las discusiones, el mecanismo continuó formando parte de los presupuestos posteriores.

La nueva disposición suma otro capítulo a las discusiones sobre las reglas para administrar los recursos públicos durante el ejercicio fiscal. En esta oportunidad, el foco podría estar puesto en los límites que tendrán las autoridades de los otros poderes para modificar sus propias partidas.

El texto no establece una prohibición absoluta de realizar modificaciones presupuestarias ni dispone que todas las decisiones deban contar con autorización previa del Poder Ejecutivo. No obstante, la referencia expresa al cumplimiento de los lineamientos de la ley abrió interrogantes entre legisladores sobre las restricciones que podrían derivarse de su aplicación.

El alcance concreto dependerá de la interpretación que se realice de la redacción y de los cambios que eventualmente introduzca la Legislatura durante el tratamiento. La comisión de Hacienda y Presupuesto podrá mantener el artículo tal como fue enviado, modificar sus términos o eliminarlo, como ocurrió con otras disposiciones que generaron diferencias en ejercicios anteriores.

Al presentar el proyecto, Jaldo destacó las dificultades económicas y financieras que enfrentó la administración provincial para elaborar las previsiones del próximo año. El volumen de gastos de $7,35 billones y el resultado fiscal positivo proyectado de $304,5 millones constituyen la base del programa financiero que el Gobierno pretende ejecutar durante 2027.

Más allá de esas cifras, el debate podría adquirir una dimensión institucional por la necesidad de determinar hasta dónde pueden extenderse las reglas generales de administración presupuestaria sin afectar las competencias de los otros poderes. Por ahora, el oficialismo no inició formalmente la discusión sobre el artículo 29 y tampoco se registraron pronunciamientos institucionales de los organismos alcanzados. La definición quedará en manos de los legisladores, que deberán evaluar si las condiciones propuestas por el Ejecutivo resultan compatibles con la autonomía administrativa y financiera de cada institución.