El Gobierno tucumano respaldó la modernización de las leyes laborales con resguardo de los derechos adquiridos

El Gobierno de Tucumán expresó su apoyo al proceso de modernización de las leyes laborales impulsado por la Nación, al considerar que una actualización normativa es necesaria frente a los avances tecnológicos y las transformaciones de la economía global. La posición provincial fue planteada durante la reunión que mantuvieron 20 gobernadores con el presidente Javier Milei, en la que se analizaron reformas vinculadas a la estructura laboral argentina.

Desde la administración tucumana se subrayó que las actuales leyes continúan garantizando los derechos de los trabajadores, pero que también deben brindar herramientas adecuadas al sector productivo y privado. “Las pequeñas y medianas empresas, las industrias, el comercio y la producción necesitan leyes laborales actualizadas porque la tecnología avanzó. Hoy la robótica y la inteligencia artificial están transformando el empleo, y la legislación debe acompañar ese proceso”, afirmó el gobernador Osvaldo Jaldo en conferencia de prensa.

El planteo provincial también pone el foco en la competitividad internacional. Tucumán exporta cerca de 160 productos a más de 150 mercados del mundo, y para sostener su presencia en esos destinos, el Gobierno considera imprescindible adaptar la normativa laboral a los desafíos de la economía global. “Tenemos que contar con leyes que nos permitan competir con costos razonables y sistemas de producción acordes a las nuevas exigencias del mercado”, indicó.

Sin embargo, el gobernador tucumano aclaró que la modernización no afectará los derechos adquiridos de los trabajadores. El mandatario insistió en que ninguna ley será retroactiva y que la actualización buscará acompañar los cambios tecnológicos sin poner en riesgo los beneficios históricos del sector asalariado.

Otro punto central de la postura tucumana es la necesidad de regionalizar los convenios colectivos de trabajo para reflejar las diferencias estructurales entre las distintas zonas del país. Como ejemplo, se mencionó el caso de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), cuyos salarios se definen en Buenos Aires pero rigen a nivel nacional, sin considerar los desequilibrios de subsidios entre regiones. “Los convenios deberían hacerse por zona o región, de modo que representen verdaderamente las condiciones del trabajo local”, plantearon desde el Gobierno.