Redacción SLC
El Gobierno nacional avanza con una reforma de segunda generación del Sistema de Inteligencia Nacional, orientada a fortalecer su integración, eficiencia operativa, control institucional y legitimidad democrática. La iniciativa se apoya en el Decreto 614/24 y contempla modificaciones a la Ley 25.520, con el objetivo de ordenar el funcionamiento del sistema y revalorizar la inteligencia como una herramienta estratégica del Estado.
La propuesta busca mejorar la coordinación entre los subsistemas criminal, militar y financiero, eliminando superposiciones y vacíos operativos que, según fuentes oficiales, restaron eficacia al esquema vigente. En ese marco, se prevé la creación de una Comunidad de Inteligencia, coordinada por la SIDE, que permitirá un intercambio permanente de información entre organismos especializados y sumará aportes provenientes de áreas económicas, tecnológicas, sanitarias y ambientales.
En paralelo, se establecerá una Comunidad Informativa integrada por organismos que no producen inteligencia, pero que aportan datos relevantes para el análisis estratégico. Este circuito funcionará bajo un sistema automatizado que registrará todos los intercambios de información, con el objetivo de eliminar márgenes de discrecionalidad y reforzar la trazabilidad de los datos.
Otro de los ejes centrales de la reforma es la diferenciación clara entre ciberinteligencia y ciberseguridad. La protección de la infraestructura digital quedará bajo la órbita de un nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad, dependiente de la Jefatura de Gabinete, mientras que la ciberinteligencia se mantendrá enfocada exclusivamente en la obtención de conocimiento estratégico.
La iniciativa también redefine el rol de la Agencia de Seguridad Nacional, que pasará a concentrarse de manera exclusiva en tareas de contrainteligencia. De este modo, se elimina la superposición con las fuerzas de seguridad y se acota su campo de acción a la prevención de amenazas como el espionaje, el sabotaje o la injerencia extranjera, dejando explícitamente fuera cualquier forma de vigilancia política interna.
En la misma línea de reorganización, se elimina la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, dependiente del Ministerio de Defensa, al considerarse que duplicaba funciones con el área de inteligencia del Estado Mayor Conjunto, que desde ahora concentrará la producción de inteligencia militar estratégica.
La reforma habilita además que el sistema de inteligencia pueda solicitar apoyo técnico y logístico de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad, sin alterar las competencias ni las funciones específicas de cada organismo. Al mismo tiempo, se refuerzan los mecanismos de control interno: la actual División de Asuntos Internos será reemplazada por una Inspectoría General de Inteligencia, con mayores atribuciones para auditorías, investigaciones internas y control legal, presupuestario y de eficiencia.
Finalmente, se centraliza la conducción del sistema al establecer que los titulares de los órganos desconcentrados serán designados directamente por el Secretario de Inteligencia, una medida que apunta a fortalecer el control interno y la coherencia operativa.
