Impulsan un proyecto de regulación del e-commerce para frenar el contrabando y las ventas informales

En un contexto marcado por el crecimiento del contrabando y de las ventas informales en plataformas digitales, ingresó al Congreso un proyecto de ley que propone actualizar el marco regulatorio del comercio electrónico. La iniciativa pone el foco en el control de los marketplaces y en la trazabilidad de los productos que se comercializan, especialmente de los bienes importados, con el objetivo de combatir la competencia desleal y fortalecer la protección al consumidor.

La propuesta fue presentada por los diputados de Unión por la Patria Guillermo Michel y Raquel “Kelly” Olmos, y busca cerrar vacíos normativos de la Ley de Defensa del Consumidor frente a la expansión del e-commerce. El texto introduce un cambio central al endurecer la responsabilidad de las plataformas digitales, que pasarían a responder de manera solidaria junto a los vendedores ante incumplimientos contractuales, infracciones comerciales, irregularidades aduaneras y, en determinados casos, por tributos aduaneros impagos cuando se habiliten ventas irregulares.

De aprobarse la iniciativa, los marketplaces estarán obligados a verificar la identidad, la situación fiscal y el domicilio legal de quienes venden a través de sus plataformas. Además, deberán garantizar que cada publicación incluya información clara y completa sobre el precio final, los costos adicionales, las condiciones de entrega, la garantía y los medios de pago, reforzando la transparencia en las operaciones digitales.

El proyecto establece requisitos específicos para la comercialización de productos importados, ya que las plataformas deberán solicitar y conservar la documentación que acredite el ingreso legal de la mercadería al país, como el despacho de importación o la documentación aduanera correspondiente. En caso de no contar con esa información, la operación no podrá concretarse.

La autoridad de aplicación será la Secretaría de Industria y Comercio, que contará con facultades para aplicar las sanciones previstas en la Ley de Defensa del Consumidor, el régimen de Lealtad Comercial y el Código Aduanero. Desde el sector empresario, valoran el debate de esta iniciativa como un avance en la lucha contra el comercio ilegal y las distorsiones del mercado digital.