Redacción SLC
Este lunes 2 de febrero el Congreso de la Nación puso en marcha un nuevo período de sesiones extraordinarias, convocado por el presidente Javier Milei, que se extenderá hasta el 27 de febrero y tendrá una agenda legislativa enfocada en proyectos clave del Poder Ejecutivo. El objetivo central del Gobierno es avanzar con la reforma laboral antes del inicio de las sesiones ordinarias, previstas para el 1° de marzo.
La denominada Ley de Modernización Laboral aparece como el eje principal del temario y ya cuenta con dictamen de comisión en el Senado. Sin embargo, su tratamiento en el recinto aún no está asegurado, ya que el oficialismo necesita cerrar acuerdos políticos con bloques aliados y representantes provinciales para alcanzar los votos necesarios.
El paquete de iniciativas incluido en estas extraordinarias también contempla la modificación de la Ley de Glaciares, el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y la Ley Penal Juvenil, que propone cambios en la edad de imputabilidad. Todos estos proyectos fueron definidos en el Decreto 24/2026, publicado en el Boletín Oficial, que estableció tanto el período de sesiones como los temas a debatir.
Desde el oficialismo apuestan a aprobar la reforma laboral en el Senado antes del 13 de febrero y enviarla luego a la Cámara de Diputados. En paralelo, continúan las negociaciones con legisladores de distintos espacios para consolidar consensos, especialmente en cuestiones sensibles vinculadas a la coparticipación y a modificaciones de carácter tributario incluidas en la iniciativa.
La oposición, por su parte, ya adelantó que podría recurrir a la vía judicial si la reforma es sancionada, al considerar que algunos de sus artículos podrían ser inconstitucionales. Desde el Gobierno rechazan esa postura y sostienen que, de ser aprobada por el Congreso, la ley contará con plena validez jurídica.
Con el inicio de este nuevo período de sesiones extraordinarias, el Congreso se encamina a un mes de debates intensos en el que se definirán algunos de los proyectos más controvertidos de la agenda gubernamental, en un escenario marcado por tensiones políticas y la necesidad de acuerdos parlamentarios.
