Tras una sesión maratónica, el Senado dio media sanción a la reforma laboral y ahora pasa a Diputados

En una extensa y tensa sesión que se prolongó hasta la madrugada de este jueves, el Senado otorgó media sanción a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El proyecto, que quedó conformado por 213 artículos tras múltiples modificaciones de último momento, fue aprobado en general con 42 votos a favor y 30 en contra, luego de intensas negociaciones con sectores de la oposición dialoguista.

El oficialismo consiguió el respaldo del PRO, la UCR, Provincias Unidas y legisladores alineados con los gobernadores de Salta, Misiones, Neuquén y Tucumán. En los palcos del recinto se ubicaron figuras centrales del Ejecutivo para celebrar el resultado: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Del otro lado, el peronismo, atravesado por tensiones internas, mostró cohesión al momento de votar. Los cinco legisladores de Convicción Federal rechazaron la iniciativa junto al bloque Justicialista que conduce José Mayans. Tampoco acompañaron los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.

La media sanción no fue sencilla. Para reunir los votos necesarios, el Gobierno debió introducir cambios hasta instantes previos a la votación. El ministro del Interior incluso se trasladó al Congreso para asegurar respaldos que estaban en duda. En ese marco, mantuvo una reunión con el gobernador de Neuquén, Rolando “Rolo” Figueroa, para garantizar el apoyo de la senadora Julieta Corroza. Sin embargo, no logró convencer a la salteña Flavia Royón de acompañar la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los puntos más controvertidos.

Royón, alineada con el gobernador Gustavo Sáenz, cuestionó la iniciativa al advertir que no correspondía “socializar el riesgo empresario” ni que jubilados o el Estado asumieran el costo de indemnizaciones del sector privado. Ese artículo tampoco contaría con el respaldo de la cordobesa Alejandra Vigo ni del radical Maximiliano Abad. Según lo acordado, el fondo se integrará con un 3,5% de las retenciones de la ANSES: 1% destinado a grandes empresas y 2,5% a pymes, con posibilidad de ajustar esos porcentajes —hasta 1,5% y 3%, respectivamente— bajo un mecanismo de control del Congreso.

Otro foco de tensión se produjo por la inclusión, como anexo, del convenio de traspaso del fuero nacional laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. La maniobra reavivó diferencias entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra Patricia Bullrich. Desde el entorno legislativo señalaron que Villarruel había advertido que el traspaso debía tratarse en una ley separada, ya que su incorporación podría poner en riesgo la reforma y postergar su definición para el período ordinario que comienza en marzo.

También generó debate la modificación del artículo que habilitaba el pago de salarios a través de billeteras virtuales. El PRO defendió la posibilidad de que cada trabajador eligiera cómo cobrar su sueldo, pero la postura no prosperó. Finalmente, se mantuvo el sistema bancarizado, con el argumento oficial de que las entidades financieras cuentan con el respaldo del Banco Central, a diferencia de las plataformas digitales.

Entre los cambios incorporados sobre el cierre, se eliminó el plazo de dos años para los aportes solidarios obligatorios, aunque se sostuvo el tope del 0,5% para cámaras empresariales y del 2% para gremios. En el recinto, el jefe del bloque macrista, Martín Goerling, cuestionó las concesiones realizadas y advirtió que “una mayoría no quiere que les descuenten compulsivamente para que vayan a cajas”, anticipando nuevos cruces en la votación en particular.

La iniciativa ratificó además la prelación de convenios menores sobre mayores, estableciendo que los acuerdos por empresa prevalezcan sobre los nacionales. Se mantuvo el criterio de tomar la mejor remuneración mensual para el cálculo de indemnizaciones, excluyendo horas extras, aguinaldo y vacaciones, e incorporó la posibilidad de pagar sentencias en seis cuotas para grandes empresas y en doce para pymes.

Durante el debate, la defensa del proyecto estuvo a cargo de los senadores Juan Cruz Godoy (Chaco) y Bruno Olivera (San Juan), referentes jóvenes de La Libertad Avanza que Karina Milei busca posicionar como figuras clave en el Congreso. El peronismo, que se había ausentado del debate en comisión en rechazo a la distribución de lugares, optó por un discurso crítico en el recinto, calificando la propuesta como inconstitucional y sosteniendo que no generará empleo.

Con la media sanción asegurada, el texto será girado a la Cámara de Diputados. El oficialismo proyecta iniciar su tratamiento en comisión la próxima semana, tras los feriados de Carnaval, con la intención de llevarlo al recinto el 25 de febrero y lograr su sanción definitiva antes del 1° de marzo, fecha en la que el presidente Javier Milei inaugurará el período ordinario de sesiones.