Redacción SLC
La Confederación General del Trabajo (CGT) endureció su postura frente a la reforma laboral que impulsa el Gobierno y que el oficialismo pretende convertir en ley el próximo viernes en el Senado. Octavio Argüello, uno de los tres cosecretarios generales de la central obrera y dirigente del gremio de Camioneros, advirtió que intentarán bloquear la iniciativa “hasta el último minuto” y confirmó que la estrategia sindical se desplegará en el plano legislativo, judicial y en la calle.
Tras el paro general del jueves pasado, convocado en fuerte rechazo al proyecto de modernización laboral, Argüello sostuvo que la central continuará con manifestaciones y movilizaciones para frenar la norma. Remarcó que la última huelga tuvo un impacto significativo, mayor al de la anterior, y la definió como “mucho más profunda”. Sin embargo, reconoció la complejidad del escenario en la Cámara Alta y admitió que no tienen asegurado el resultado que buscan: que no se acepten las correcciones realizadas en Diputados y que la ley finalmente se caiga.
El dirigente sindical planteó que, si bien la CGT llevó adelante cuatro paros generales en dos años y trece marchas, no pueden paralizar el país de manera permanente. En ese sentido, sostuvo que el conflicto excede lo gremial y es esencialmente político. “Nos falta una fuerza, la política, que está en crisis, tanto en el oficialismo como en la oposición”, afirmó, marcando distancia con el sistema de representación y subrayando la debilidad de los actores partidarios para canalizar el reclamo sindical.
Argüello también cuestionó con dureza el funcionamiento del denominado Consejo de Mayo, del que la central decidió retirarse. Según explicó, no se trató de una mesa de diálogo sino de “imposiciones” por parte del Ejecutivo, donde no hubo margen real para debatir propuestas. Aseguró que la CGT intentó acercar alternativas, pero que nunca fueron escuchados.
En paralelo, el cosecretario general apuntó contra gobernadores que respaldaron el avance del proyecto en el Congreso. Señaló específicamente a los mandatarios de Salta, Catamarca, Tucumán, Chubut y Santa Cruz, a quienes calificó de “entreguistas” por haber facilitado legisladores para acompañar la iniciativa. Según su visión, esos apoyos habrían estado ligados a negociaciones por obras o financiamiento, algo que consideró inadmisible frente a una ley que, según expresó, “entrega al pueblo trabajador” y significa un retroceso histórico.
En declaraciones radiales, Argüello afirmó que esos mandatarios inicialmente atendieron los planteos sindicales y asumieron compromisos, pero luego dejaron de responder. También lanzó críticas al peronismo y apeló a la figura de Juan Domingo Perón al advertir que quienes avalan la reforma no deberían invocar su legado. “El pueblo tiene memoria”, sostuvo, y advirtió que en las próximas elecciones deberán rendir cuentas por lo que definió como una traición al pueblo trabajador.
Con el Senado como escenario decisivo, la CGT mantiene así su ofensiva política y sindical para intentar frenar una reforma que considera regresiva, mientras anticipa que la disputa continuará en todos los frentes si el proyecto finalmente se convierte en ley.
