Redacción SLC
La provincia de Tucumán podría dar un nuevo paso en materia de inclusión educativa. El Poder Ejecutivo envió a la Legislatura de Tucumán un proyecto de ley que propone establecer un nuevo marco normativo para garantizar la educación inclusiva de estudiantes con discapacidad dentro del sistema educativo provincial.
La iniciativa, firmada por el gobernador Osvaldo Jaldo y la ministra de Educación Susana Montaldo, plantea reorganizar el servicio de inclusión escolar y avanzar en un cambio central: la incorporación de docentes de apoyo a la inclusión como parte del personal estable de las escuelas de educación obligatoria. De aprobarse, la norma también derogaría la actual Ley 9.575.
El objetivo principal del proyecto es garantizar que niños, niñas y adolescentes con discapacidad puedan acceder a una educación inclusiva y de calidad mediante un abordaje integral e interdisciplinario. En ese marco, la propuesta establece que el docente de grado y el docente de educación especial trabajen de manera coordinada para acompañar las trayectorias educativas y promover la autonomía de los estudiantes.
En los fundamentos de la iniciativa se advierte que el actual esquema, que muchas veces se basa en la presencia de un docente de apoyo exclusivo para cada estudiante, puede generar efectos no deseados. Según se explica, una demanda irrestricta de acompañantes con una relación de “un docente de apoyo por alumno” puede reforzar una mirada excesivamente médica sobre las trayectorias escolares y correr el riesgo de patologizar las infancias y adolescencias.
El proyecto también recupera reflexiones del libro "Las promesas incumplidas de la inclusión", de las especialistas Gisela Untoiglich y Graciela Szyber. Allí se plantea que, en muchos casos, las familias sienten temor de que sus hijos queden fuera del sistema educativo, lo que termina trasladando la búsqueda de soluciones al ámbito privado y obligándolas a gestionar certificados o contratar apoyos externos.
En este sentido, la propuesta busca que el acompañamiento sea parte del propio sistema educativo y no una responsabilidad individual de cada familia. La figura del docente de apoyo a la inclusión estará integrada a las instituciones educativas y trabajará junto a equipos técnicos para intervenir en las situaciones que lo requieran, de acuerdo con las necesidades particulares de cada estudiante.
El proyecto también aclara que el rol de estos profesionales no será permanente ni funcionará como un “docente sombra” durante toda la jornada escolar. La idea es que su participación forme parte de una estrategia temporal que permita a los estudiantes desarrollar habilidades sociales y académicas que favorezcan su autonomía y su futura inserción en el ámbito laboral y académico.
Otro de los cambios destacados es que, de aprobarse la iniciativa, las familias de estudiantes con discapacidad no deberán realizar trámites especiales ni contratar apoyos por su cuenta para acceder a este acompañamiento. El servicio sería brindado automáticamente y de manera gratuita a través del sistema educativo provincial.
