
La Justicia levanta el secreto bancario y fiscal de Manuel Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito
Redacción SLC
La Justicia federal dispuso levantar el secreto bancario y fiscal sobre Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La medida fue firmada por el juez Ariel Lijo y apunta a profundizar el análisis sobre los movimientos financieros de la pareja. La resolución también alcanza a la firma AS Innovación Profesional, de la que ambos son propietarios.
La decisión judicial se enmarca en un expediente que busca determinar posibles irregularidades en el patrimonio de los implicados. En ese contexto, el magistrado hizo lugar al pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien solicitó acceder sin restricciones a la información bancaria, financiera y fiscal. El objetivo es reconstruir los circuitos económicos y detectar eventuales inconsistencias.
Como parte de la misma resolución, se dispuso además el levantamiento del secreto fiscal sobre seis mujeres vinculadas a la causa. Se trata de personas identificadas como presuntas prestamistas o acreedoras de Adorni, cuyos movimientos también serán analizados. La medida amplía el alcance de la investigación y busca establecer el origen y destino de los fondos.
Con esta decisión, los investigadores podrán revisar depósitos, transferencias, inversiones y declaraciones impositivas sin las limitaciones habituales. El acceso a estos datos, protegidos por ley bajo estricta confidencialidad, solo puede habilitarse mediante orden judicial en el marco de una causa penal. En este caso, el juzgado consideró que existen elementos suficientes para avanzar en esa dirección.
El levantamiento del secreto también incluye información contemplada en la normativa vinculada al lavado de activos. Esto permitirá rastrear con mayor precisión el flujo de dinero y detectar posibles maniobras irregulares, como operaciones no declaradas o incompatibles con los ingresos registrados. La fiscalía busca determinar si existieron delitos económicos, evasión fiscal o blanqueo de capitales.
La medida marca un avance clave en la causa y abre una nueva etapa en la investigación. Con el acceso total a los registros financieros, la Justicia intentará esclarecer si el crecimiento patrimonial de los involucrados responde a actividades lícitas o si, por el contrario, configura un caso de enriquecimiento ilícito.




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