Redacción SLC
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, anunció que la Provincia decidió desistir de tres procesos de expropiación vinculados a obras públicas que no cuentan con financiamiento. La medida fue comunicada en conferencia de prensa junto a la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, quien detalló los fundamentos legales y económicos de la decisión.
El mandatario explicó que la determinación responde a la necesidad de resguardar tanto la propiedad privada como el patrimonio provincial. En ese sentido, remarcó que desde el inicio de su gestión se estableció como prioridad garantizar seguridad jurídica para quienes invierten en la provincia, al tiempo que se protege el uso eficiente de los recursos públicos.
Durante el anuncio, Jaldo recordó que su administración impulsó un proceso de recuperación de tierras fiscales que permitió recuperar cerca de 1.000 hectáreas en los últimos dos años. Esos terrenos, según indicó, serán destinados a una planificación que beneficie al conjunto de los tucumanos.
El Gobernador advirtió que las expropiaciones heredadas derivaron en litigios judiciales que implicaban riesgos económicos significativos para la Provincia. Según precisó, estos procesos podrían haber culminado en condenas millonarias y eventuales embargos de cuentas públicas, poniendo en peligro la prestación de servicios esenciales como salud, seguridad y educación.
Las tres iniciativas afectadas corresponden al proyecto del Centro Multimodal de Cargas, la obra de electrificación de El Espinillo y un plan habitacional de 700 viviendas. De acuerdo a lo informado, ninguna de estas obras cuenta actualmente con financiamiento nacional ni internacional, lo que imposibilita su ejecución en el corto plazo.
En ese contexto, el Gobierno provincial optó por desistir de las expropiaciones antes de que se dictaran sentencias judiciales. Esta decisión permitió evitar una condena superior a los 5.000 millones de pesos y, al mismo tiempo, abre la posibilidad de recuperar alrededor de 2.000 millones de pesos ya comprometidos.
Por su parte, Pedicone de Valls explicó que la política de expropiaciones debe estar directamente vinculada a la existencia de financiamiento concreto para las obras proyectadas. Además, precisó que los tres juicios en curso representaban una amenaza inmediata para las finanzas provinciales, con montos que superaban los 5.200 millones de pesos.
Finalmente, la funcionaria detalló que el desistimiento implica la posibilidad legal de dejar sin efecto las expropiaciones antes de una condena y solicitar la restitución de los fondos depositados. La medida, según destacaron desde el Ejecutivo, se enmarca en una estrategia de administración responsable que prioriza el cuidado de los recursos públicos en un contexto económico complejo.
