
Organismos de Derechos Humanos denuncian represión policial en protestas en Tucumán
Redacción SLC
Organizaciones de Derechos Humanos de Tucumán expresaron su preocupación por el accionar policial durante distintas protestas realizadas en los últimos días en la provincia, al denunciar episodios que, según sostienen, vulneran el derecho a la manifestación. El principal hecho señalado ocurrió este miércoles frente a la sede del PAMI, en San Miguel de Tucumán, durante una protesta protagonizada por jubilados que se movilizan semanalmente.
De acuerdo al comunicado difundido el 15 de abril, los manifestantes intentaban presentar un petitorio para exigir respuestas ante la situación del sector, pero se les habría impedido el ingreso al edificio, lo que generó momentos de tensión. Según la denuncia, en ese contexto el referente del grupo fue víctima de maltratos y forcejeos al intentar acceder al lugar para entregar la nota.
Finalmente, tras insistir, logró concretar el trámite, aunque las organizaciones remarcaron que, de acuerdo a las imágenes difundidas, no se registraron conductas violentas por parte de los manifestantes. A partir de lo ocurrido, los organismos cuestionaron el proceder de las fuerzas de seguridad y advirtieron que el derecho a la protesta podría haber sido vulnerado.
En ese sentido, plantearon interrogantes sobre si el accionar policial respondió a directivas de autoridades o a decisiones individuales de los efectivos intervinientes. Por otra parte, también manifestaron su preocupación por un episodio similar en La Madrid, donde vecinos que protestaban tras las inundaciones habrían sido reprimidos.
Según indicaron, la situación fue reconocida por la Defensoría del Pueblo, que se comprometió a intervenir para paliar las consecuencias. El documento lleva la firma de distintos organismos de derechos humanos de la provincia, entre ellos la Asociación Madres de Plaza de Mayo, junto a otras entidades que trabajan en la defensa de las garantías constitucionales, que reclamaron esclarecimiento de los hechos y garantías para el ejercicio pleno del derecho a la protesta.




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