Redacción SLC
Las universidades nacionales volverán a movilizarse en todo el país con una nueva marcha federal prevista para el 12 de mayo, con concentración central en Plaza de Mayo. La protesta, que será la cuarta desde la asunción del presidente Javier Milei, tiene como eje el reclamo por el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.
La convocatoria se realizará bajo la consigna “Marcha federal por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional” y fue definida de manera conjunta por el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y el Frente Gremial que integran sindicatos docentes y no docentes, entre ellos Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, Ctera, UDA y Fatun. El llamado también se extendió a estudiantes y a la sociedad en general, con el objetivo de ampliar la base del reclamo.
El punto central de la protesta será la exigencia de que el Poder Ejecutivo aplique la ley sancionada por el Congreso, que establece mecanismos de actualización para los gastos de funcionamiento, los salarios del personal universitario y las becas estudiantiles. Desde las casas de altos estudios advierten que la normativa no se está cumpliendo, lo que impacta directamente en el funcionamiento cotidiano del sistema.
La movilización se inscribe en una serie de medidas que el sector viene impulsando desde hace meses. La semana pasada, por ejemplo, se realizó un paro a la japonesa con clases públicas, actividades abiertas y servicios gratuitos en distintas facultades, en una estrategia orientada a visibilizar el conflicto sin interrumpir totalmente las actividades académicas.
El reclamo por el financiamiento universitario se mantiene activo desde 2024 y ya tuvo tres marchas federales. En sus inicios, el foco estuvo puesto en la actualización de los gastos de funcionamiento, pero con el correr del tiempo el conflicto se trasladó al plano salarial, ante la pérdida del poder adquisitivo de docentes y trabajadores no docentes. Las universidades advierten que esta situación compromete la continuidad de actividades académicas, científicas y de investigación.
La ley vigente establece que el Ejecutivo debe garantizar actualizaciones periódicas tanto en salarios como en partidas presupuestarias, además de contemplar la actualización de becas, un aspecto considerado clave para sostener el acceso al sistema universitario.
En paralelo, la disputa también se trasladó al ámbito judicial. Fallos de primera instancia y de Cámara ordenaron la aplicación de artículos centrales de la norma, especialmente en lo referido a recomposición salarial y financiamiento. Sin embargo, el Estado apeló esas decisiones, por lo que el expediente continúa en discusión.
Desde el Gobierno nacional sostienen su rechazo a la implementación plena de la ley, al argumentar que no define fuentes de financiamiento específicas y que su aplicación podría afectar el equilibrio fiscal. En esa línea, el oficialismo impulsa en el Congreso un nuevo proyecto que modifica la normativa vigente y reduce el alcance de las actualizaciones. Con este escenario, las universidades buscan reinstalar el tema en la agenda pública a través de una nueva movilización masiva, en un conflicto que continúa abierto y sin resolución a corto plazo.
