Redacción SLC
El juez federal Ariel Lijo dio un paso clave en la causa que investiga a funcionarios y legisladores del oficialismo que accedieron a créditos del Banco de la Nación Argentina por montos millonarios, al ordenar una auditoría integral sobre los préstamos otorgados en los últimos tres años. La medida apunta a esclarecer si estas operaciones se realizaron cumpliendo los requisitos formales o si existieron beneficios indebidos.
La decisión se produjo luego de que el fiscal Gerardo Pollicita impulsara la causa contra once acusados —entre ellos cuatro funcionarios, seis diputados y un empleado legislativo— y solicitara una batería de medidas de prueba para analizar en detalle las condiciones en las que se concedieron los créditos. En este contexto, la investigación comenzó a escalar por el peso político de los involucrados y el volumen de los montos otorgados.
La denuncia original fue presentada por la legisladora Mónica Frade, y entre los nombres bajo la lupa aparece el diputado nacional por Tucumán, Mariano Campero, junto a otros referentes del oficialismo. También figuran funcionarios y directivos como Juan Pablo Carreira, Pedro Inchauspe, Felipe Núñez, Federico Furiase y Emiliano Mongilardi, además de Sharif Menem en el entorno legislativo y los diputados Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni.
Como parte de las medidas ordenadas, Lijo requirió la intervención de la Auditoría General de la Nación y le solicitó a su titular, Juan Manuel Olmos, que realice “una amplia auditoría de la política de otorgamiento de créditos hipotecarios” del Banco Nación, con el objetivo de identificar posibles irregularidades y a sus beneficiarios directos. Para ello, el magistrado pidió revisar la normativa interna, reglamentaciones, manuales de procedimiento, comunicaciones y circulares vigentes.
En paralelo, la investigación busca establecer si desde septiembre de 2024, bajo la gestión de Daniel Tillard y Darío Wasserman, el banco flexibilizó de manera irregular los requisitos para otorgar estos préstamos a empleados y funcionarios del Gobierno. En ese marco, se ordenó recopilar legajos completos de los créditos, documentación patrimonial de los beneficiarios, trazabilidad de los fondos y manuales de evaluación de riesgo crediticio, así como verificar si se emitieron Reportes de Operación Sospechosa (ROS).
Finalmente, el juez también requirió información a la Jefatura de Gabinete sobre los cargos que ocuparon los investigados en la administración pública y solicitó a la Cámara de Diputados detalles sobre los mandatos y bloques políticos de los legisladores implicados. La causa, que ya cuenta con un informe preliminar aportado por el Banco Nación, se perfila como uno de los expedientes más sensibles para el Gobierno nacional.
