Impulsan una tarifa eléctrica diferencial para el Norte Grande con descuentos de hasta el 50%

El bloque del peronismo en el Senado presentó un proyecto de ley para establecer una tarifa eléctrica diferencial en el Norte Grande, una demanda histórica de las diez provincias del NOA y NEA. La iniciativa propone la creación de un “Régimen Federal de Tarifa Diferenciada de Energía Eléctrica para el Norte Grande Argentino”, con el objetivo de garantizar el acceso al servicio en condiciones acordes a las características climáticas, geográficas y socioeconómicas de la región.

El proyecto, consensuado por distintos legisladores justicialistas, contempla descuentos del 50% en la tarifa para usuarios de bajos ingresos y del 35% para sectores medios y entidades sociales. Además, establece que no habrá tope de consumo subsidiado y fija límites a los aumentos, que no podrán superar la evolución de salarios o precios mayoristas. También incluye la aplicación de IVA 0% para usuarios que no cuenten con gas natural, en una medida orientada a compensar las desigualdades estructurales.

La propuesta prevé que el control esté a cargo de la Secretaría de Energía de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía, con participación de los entes reguladores provinciales. Asimismo, incorpora mecanismos de seguimiento como informes trimestrales al Congreso y la creación de un registro público de beneficiarios.

La iniciativa surge de la unificación de proyectos presentados por los senadores Florencia López, Gerardo Zamora, Jorge Capitanich y Lucía Corpacci, y fue presentada en una conferencia de prensa en el Congreso junto a otros referentes del espacio como José Mayans, Alicia Kirchner, Juan Manzur y Carlos Linares.

Durante la presentación, Mayans advirtió sobre el impacto social del costo energético: “Hay familias que no pueden pagar la luz; esto golpea a los trabajadores y también a las pymes. Incluso hay quienes se ven obligados a colgarse del servicio”. Además, sostuvo que el atraso salarial en las provincias agrava la situación y destacó que la iniciativa “representa un alivio concreto”.

Por su parte, Capitanich subrayó que las provincias del Norte Grande concentran cerca del 20% de la población del país, con alrededor de 10 millones de habitantes que enfrentan altas temperaturas durante gran parte del año. “Es un proyecto unificado de 20 artículos que toma las mejores iniciativas para lograr consensos. Es una herramienta que permitiría resolver el problema energético”, afirmó.

En la misma línea, Corpacci remarcó que la propuesta apunta a garantizar un derecho básico: “Se trata de darle un alivio al bolsillo de los argentinos y de que el Gobierno nacional se haga responsable de que estas cosas que hacen a la dignidad de la persona: poder acceder a un servicio tan básico como es la energía eléctrica”.

El proyecto tiene como antecedente el Régimen de Zona Fría, implementado en 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández, que estableció tarifas diferenciadas para el gas en regiones de bajas temperaturas. Sin embargo, su impacto se redujo con el tiempo debido a la quita de subsidios y los aumentos tarifarios.

Desde otros sectores políticos surgieron reparos. Voces vinculadas a La Libertad Avanza cuestionaron la iniciativa al señalar que “más que la tarifa diferencial, deberían terminar los monopolios y los feudos”, mientras que desde el radicalismo indicaron que analizarán la propuesta en detalle antes de fijar una postura. El impulso de este proyecto se da en un contexto en el que el peronismo busca recuperar protagonismo en el ámbito legislativo, en medio de tensiones con el Gobierno nacional y tras una serie de avances oficialistas en el Congreso.