Redacción SLC
En el marco de la investigación por las amenazas intimidatorias registradas en establecimientos educativos de Tucumán, la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal avanzó con una nueva etapa del proceso: este viernes 24 de abril mantuvo entrevistas con los padres de los presuntos autores de las pintadas que generaron alarma en la comunidad.
El área, encabezada por la fiscal Mariana Rivadeneira, tomó contacto directo con las familias para interiorizarse sobre las circunstancias particulares de cada caso y poner en conocimiento el impacto que tuvieron los hechos. Las intimidaciones derivaron en la paralización de clases y un amplio despliegue de recursos estatales.
Según se detalló, los operativos incluyeron la intervención de distintas divisiones policiales, como Criminalística y Telemáticos, además de la participación del Ministerio Fiscal, jueces y el Ministerio de Educación. Todo el accionar se coordinó con directivos escolares y áreas provinciales de contención y prevención.
Desde la Fiscalía remarcaron que, si bien la edad de los menores podría limitar la imputación penal directa, existen otras herramientas legales disponibles. En ese sentido, se analiza avanzar con medidas que apunten a la responsabilidad de los adultos a cargo.
“En consecuencia y a pesar de que la edad de los menores pudiera impedir el avance de causas para determinar la responsabilidad penal, la autoridad sí puede instar en cada caso en concreto acciones tendientes a compensar la erogación de gastos que produjo el supuesto ilícito y los hechos investigados”, indicaron.
De esta manera, el foco no solo está puesto en esclarecer lo ocurrido, sino también en reparar el costo que implicaron los operativos y desalentar la reiteración de este tipo de conductas que afectan el normal funcionamiento del sistema educativo.
