Redacción SLC
La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil ya comienza a mostrar sus primeros efectos concretos en Tucumán. Un adolescente de 14 años fue imputado por tentativa de hurto luego de haber sido señalado como uno de los cuatro jóvenes que intentaron sustraer una motocicleta en una vivienda del barrio Lomas de Tafí, en Tafí Viejo.
Según informó Los Primeros, el episodio ocurrió el lunes, cuando los cuatro jóvenes ingresaron a una propiedad que no contaba con protección en el frente y comenzaron a empujar una moto que se encontraba estacionada en el lugar. La situación fue advertida por la víctima, quien los increpó y provocó que los adolescentes escaparan del lugar.
Uno de ellos fue alcanzado y retenido por vecinos antes de la llegada de la Policía. De acuerdo con las versiones incorporadas al caso, durante ese lapso habría recibido golpes. Finalmente, efectivos de la fuerza lo trasladaron y quedó a disposición del fiscal Carlos Saltor, quien ordenó su ingreso al Centro de Admisión y Derivación.
Fue en ese lugar donde se confirmó que el joven tenía 14 años. El adolescente manifestó además que no contaba con documentación y, ante esa situación, se recomendó que recibiera asistencia médica. A partir de allí comenzó a intervenir el sistema penal juvenil bajo las nuevas reglas.
El caso adquiere particular relevancia porque se trata de una de las primeras situaciones que permite observar en la práctica el funcionamiento del régimen que establece la responsabilidad penal desde los 14 años. A diferencia de lo que ocurría bajo el esquema anterior, la edad del adolescente permite ahora que sea formalmente investigado por el hecho que se le atribuye.
Pero el cambio no se limita a la edad de imputabilidad. La nueva normativa también habilita la apertura de investigaciones por delitos considerados leves, como la tentativa de hurto por la que quedó involucrado el adolescente, y amplía la intervención del Ministerio Público Fiscal en la búsqueda y producción de elementos de prueba.
En este expediente, por ejemplo, el fiscal Saltor dispuso avanzar con la búsqueda de registros de cámaras de seguridad y testimonios para determinar con precisión qué ocurrió y establecer las responsabilidades correspondientes. Con esos elementos se evaluará posteriormente si corresponde realizar una audiencia para formular cargos o si resulta posible avanzar mediante alguna salida alternativa, como la suspensión del juicio a prueba.
La situación procesal del adolescente también presenta diferencias respecto de un proceso penal ordinario. Al no registrar antecedentes, podría acceder a una alternativa de este tipo, mientras que la víctima deberá ser consultada acerca de su posición frente a una eventual solución alternativa y sobre las posibles medidas de reparación.
El nuevo régimen tampoco contempla que el adolescente sea enviado a prisión por este hecho. Un juez de Niños, Niñas y Adolescentes podrá establecer reglas de conducta, prohibiciones de acercamiento u otras medidas de protección y reparación, que deberán ser explicadas personalmente tanto al joven como a sus padres o tutores.
La aplicación de estas nuevas reglas abrió además una discusión sobre la capacidad de respuesta de la estructura judicial tucumana. Aunque hasta el momento la implementación se desarrolla sin mayores sobresaltos, autoridades y operadores del sistema mantienen reuniones para definir cómo absorber el eventual incremento de causas y cómo adaptar los procedimientos a los nuevos plazos procesales.
Uno de los principales interrogantes pasa por la necesidad de contar con fiscalías y defensorías especializadas. La posibilidad de crear o reforzar estructuras específicas es planteada como una alternativa para garantizar una atención adecuada de los adolescentes y, al mismo tiempo, evitar que el nuevo volumen de expedientes termine sobrecargando las oficinas que actualmente intervienen en otros procesos.
El abogado penalista José María Molina consideró que esa posibilidad es concreta. “Es una gran posibilidad que ello ocurra. El Régimen no sólo implica la baja de la edad de imputabilidad, sino que ahora los menores deberán responder por todos los delitos que cometan”, sostuvo. Según explicó, el nuevo escenario supone una mayor intervención judicial y obliga a reorganizar el sistema debido a que los procesos tendrán plazos más breves.
En la misma línea, Javier Lobo Aragón (h) advirtió que la reforma tendrá un impacto directo sobre el trabajo de la Justicia. “La nueva norma va a someter a procesos penales a más adolescentes, por lo que necesariamente habrá una carga más importante en el trabajo judicial”, señaló. El abogado también remarcó la importancia de considerar la edad, el entorno y la situación familiar de cada adolescente para garantizar un tratamiento diferenciado.
La discusión también incorpora una mirada vinculada con la prevención. La abogada penalista Candelaria Hernández advirtió sobre el riesgo de que el nuevo régimen termine ofreciendo una respuesta exclusivamente punitiva si no se lo acompaña con políticas públicas destinadas a intervenir antes de que los conflictos lleguen al sistema penal.
“Si no se acompaña su implementación con políticas de prevención en las escuelas, en los barrios, con equipos interdisciplinarios, con el fortalecimiento de las familias y oportunidades reales de inclusión, el riesgo es terminar judicializando situaciones mucho más complejas que un hecho delictivo”, sostuvo Hernández.
El episodio ocurrido en Lomas de Tafí funciona así como una primera muestra concreta de los cambios que introduce el Régimen Penal Juvenil en la provincia. La imputación de un adolescente de 14 años por un hecho que bajo el esquema anterior no habría generado un proceso penal permite observar una nueva dinámica, con mayor intervención fiscal, alternativas procesales y medidas específicas para los menores.
Al mismo tiempo, el caso vuelve a poner sobre la mesa un desafío que excede al expediente: la necesidad de que la Justicia, las instituciones y las políticas públicas estén preparadas para responder a una mayor cantidad de adolescentes dentro del sistema penal sin convertir la judicialización en la única herramienta frente a la conflictividad juvenil.
