Redacción SLC
La estrategia judicial de la Confederación General del Trabajo sufrió un nuevo revés en su intento por frenar la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que el expediente deberá tramitar en ese fuero y no en la Justicia Nacional del Trabajo, en una decisión que fortalece la posición oficial en un tema central de su agenda.
El fallo, firmado por los jueces Rogelio Vincenti y Marcelo Daniel Duffy, confirmó que la causa continuará en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 12. De este modo, se ratificó la validez de la inhibitoria promovida por el Estado Nacional, que había solicitado el cambio de jurisdicción para abordar la discusión de fondo sobre la constitucionalidad de la norma.
El conflicto se había originado a partir del planteo del Gobierno, canalizado a través de la Secretaría de Trabajo dependiente del Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello. Mientras la jueza federal había aceptado ese pedido, el magistrado laboral lo rechazó, lo que derivó en una disputa de competencia que ahora fue saldada por la Cámara a favor de la postura oficial.
En su resolución, los camaristas argumentaron que el caso excede una cuestión estrictamente laboral y abarca materias federales relevantes. Entre ellas, mencionaron la potestad del Congreso para definir competencias judiciales, la organización del sistema de tribunales y aspectos vinculados al funcionamiento del Estado, lo que justifica su tratamiento en el fuero contencioso administrativo.
El fallo también incluyó críticas al accionar del juez laboral, al considerar que se apartó del procedimiento previsto para este tipo de conflictos. Según señalaron, su intervención derivó en un “procedimiento deformado” que generó demoras innecesarias en un expediente de alta trascendencia institucional.
La decisión refuerza además uno de los argumentos centrales del Gobierno: las normas que modifican la competencia judicial son de orden público y deben aplicarse de manera inmediata, incluso en causas en trámite. En ese sentido, los jueces rechazaron la postura sindical que cuestionaba la aplicación automática de los cambios introducidos por la ley 27.802.
Asimismo, la Cámara subrayó que dentro de la reforma existen cuestiones claramente federales, como el rol del Estado Nacional, el Fondo de Asistencia Laboral y la determinación del fuero competente cuando el propio Estado es parte en el litigio. También advirtió que una eventual sentencia podría impactar en empleados de organismos públicos regidos por normativas específicas.
Con este nuevo pronunciamiento, el Ejecutivo suma otro respaldo judicial en una de las discusiones más sensibles de su programa de reformas. La definición sobre la constitucionalidad de la reforma laboral seguirá su curso en el ámbito federal, donde el Gobierno busca consolidar la validez de los cambios aprobados por el Congreso.
