Cascada, parrilla y pileta: se conocieron algunas de las excentricidades de la casa de Manuel Adorni

En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni, nuevos detalles sobre las refacciones realizadas en su vivienda sumaron tensión al caso y abrieron interrogantes sobre el origen de los fondos utilizados. La información surgió a partir de una declaración judicial que expuso gastos elevados en la propiedad ubicada en un country de Exaltación de la Cruz.

El dato más significativo fue aportado por el contratista Matías Tabar, quien aseguró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita haber recibido 245.000 dólares en efectivo para llevar adelante las obras. Según su testimonio, los trabajos se extendieron durante diez meses e incluyeron reformas integrales en un lote de 400 metros cuadrados, con intervenciones que abarcaron desde la estructura hasta detalles de terminación.

De acuerdo a lo expuesto en sede judicial, las modificaciones comprendieron la construcción de un quincho, una pileta con cascada en el jardín, mejoras en pisos y paredes, además de la incorporación de equipamiento de alto valor. Entre los elementos que más llamaron la atención figura una parrilla de lujo valuada en alrededor de 15.000 dólares, en línea con el perfil de las reformas realizadas.

La magnitud de la inversión generó un punto de quiebre en la causa, ya que el monto declarado por el contratista supera ampliamente el valor que el propio funcionario habría pagado originalmente por la vivienda. En ese sentido, la investigación busca determinar si existe una desproporción entre los ingresos declarados por Adorni y el patrimonio evidenciado tras las remodelaciones.

Mientras la causa avanza en los tribunales de Comodoro Py, los elementos incorporados al expediente refuerzan las sospechas y mantienen el foco sobre el funcionario, en un escenario que ya genera fuerte repercusión política y mediática. La Justicia ahora deberá analizar la documentación presentada y profundizar las pericias para esclarecer si los movimientos económicos registrados tienen justificación legal o configuran un posible delito.