Rechazan el arresto domiciliario para un imputado por el crimen de Érika Álvarez y seguirá detenido

La Justicia tucumana resolvió mantener bajo prisión preventiva a Nicolás Navarro (37), imputado en la causa por el crimen de Érika Antonella Álvarez, luego de rechazar un nuevo pedido de arresto domiciliario presentado por su defensa. La decisión fue adoptada por una jueza del Tribunal Superior en el marco de una apelación, y ratifica lo dispuesto previamente el pasado 21 de abril, cuando ya se había denegado el mismo planteo.

Con esta resolución, el acusado continuará alojado en un complejo penitenciario al menos hasta el vencimiento de la medida cautelar, previsto dentro de aproximadamente tres semanas. No obstante, la magistrada dispuso además una serie de medidas de seguimiento destinadas a garantizar el tratamiento médico del imputado durante su detención.

Navarro está acusado por el delito de encubrimiento por favorecimiento personal y real, agravado por la gravedad del hecho precedente, en calidad de autor. La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios I, conducida por el fiscal Pedro Gallo, y en esta instancia fue representada por la auxiliar Carolina Brito.

En el expediente también permanecen detenidas otras tres personas: Felipe Sosa (50), Justina Gordillo (48) y Jorge Orlando Díaz (40), quienes están vinculados a la causa en distintos grados de participación según la hipótesis fiscal.

De acuerdo con la acusación, el hecho se remonta a la madrugada del 7 de enero de 2026, cuando Sosa, junto a otras personas aún no identificadas, habría asesinado a Álvarez mediante violencia física, provocándole graves traumatismos. En ese contexto, la fiscalía sostiene que Navarro fue convocado horas más tarde y que, tras llegar al domicilio ubicado en Yerba Buena, habría colaborado en el ocultamiento del cuerpo y en la eliminación de rastros.

Según la reconstrucción judicial, el imputado permaneció en el lugar cerca de 20 minutos, tiempo durante el cual habría participado en maniobras destinadas a entorpecer la investigación y facilitar la impunidad de los autores del crimen. Este elemento fue clave para que la Justicia considerara vigente el riesgo procesal y resolviera mantener la detención.

Mientras la causa continúa su curso, la negativa al arresto domiciliario refuerza la postura de los investigadores respecto a la gravedad del caso y a la necesidad de asegurar el desarrollo del proceso sin interferencias.