Redacción SLC
Un médico tucumano fue procesado judicialmente acusado de utilizar los datos de un afiliado para cargar prestaciones médicas inexistentes en el sistema informático del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán, en una maniobra que habría provocado un perjuicio económico tanto a la obra social como al propio paciente.
La investigación está a cargo de la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, conducida por el fiscal Diego López Ávila, quien impulsa una causa por presunta defraudación agravada contra la administración pública. De acuerdo con la hipótesis fiscal, el caso se originó a comienzos de 2024 cuando un afiliado de 69 años asistió a una consulta médica en el Sanatorio del Sur con el profesional ahora imputado. Según la denuncia, luego de esa atención inicial nunca volvió a mantener contacto médico con él.
Sin embargo, meses después, cuando el afiliado intentó solicitar nuevos turnos mediante la cobertura del Subsidio de Salud, descubrió que el sistema registraba consultas ya realizadas, situación que le impidió acceder a nuevas prestaciones. Ante la falta de disponibilidad en su cartilla médica, el damnificado debió pagar consultas particulares con otros profesionales, pese a encontrarse al día con sus aportes a la obra social provincial.
Tras la denuncia presentada por el afiliado, la investigación determinó que el acusado habría utilizado los datos personales del paciente para ingresar de manera irregular al sistema del Ipsst y registrar consultas ficticias correspondientes a fechas de febrero, marzo, abril y mayo de 2024.
Según la acusación, esas supuestas prestaciones fueron cargadas para obtener pagos indebidos por parte de la obra social antes de que la maniobra fuera detectada. Durante una audiencia judicial realizada esta semana, el auxiliar fiscal Rogelio Rodríguez del Busto imputó formalmente al médico como presunto autor del delito de defraudación agravada por tratarse de una afectación a la administración pública.
En la exposición fiscal también se señaló que no sería la primera vez que el profesional enfrenta denuncias por hechos similares. Según consta en una resolución interna del Subsidio de Salud, en agosto de 2024 ya había sido sancionado luego de que otros dos afiliados denunciaran desconocerlo y negar haber recibido prestaciones facturadas por él.
Como consecuencia de aquella situación, el médico había sido suspendido durante 60 días como prestador de la obra social provincial. A raíz de esta nueva investigación, el profesional recibió una segunda suspensión por 120 días. Desde el Ipsst informaron además que su última facturación registrada corresponde a junio de 2025.
Durante la audiencia, la fiscalía solicitó medidas de coerción de menor intensidad para garantizar que el imputado permanezca sujeto al proceso judicial y evitar posibles interferencias en la producción de pruebas informáticas. Entre las medidas pendientes, el Ministerio Público Fiscal espera que el Ipsst precise cuál fue el monto abonado por las supuestas prestaciones médicas y que el afiliado entregue los comprobantes de las consultas particulares que debió afrontar para calcular el perjuicio económico total.
Tras evaluar las pruebas presentadas por la fiscalía, la jueza Eliana Gómez Moreira resolvió hacer lugar a las medidas solicitadas, aunque redujo el plazo requerido por la acusación y las fijó por tres meses.
