Redacción SLC
La investigación por el secuestro de 470 kilos de cocaína en la ruta nacional 157 continúa avanzando y en las últimas horas incorporó nuevos protagonistas. La Justicia Federal ordenó una serie de allanamientos en San Miguel de Tucumán y Famaillá que culminaron con la detención de dos personas más, ampliando una causa que ya es considerada una de las más importantes de los últimos años en materia de narcotráfico en la provincia.
Los nuevos detenidos son Enrique Santos Catulo y su hijo, Ernesto Catulo Chamas. Ambos quedaron a disposición de la Justicia luego de los procedimientos realizados por efectivos de Gendarmería Nacional en distintos puntos de la provincia. Los investigadores buscan determinar si existieron conexiones entre los involucrados en el transporte de la droga y una estructura más amplia que podría incluir maniobras de lavado de activos.
La causa tuvo su origen el pasado 5 de junio, cuando personal de Gendarmería interceptó una camioneta durante un control de rutina sobre la ruta 157, a la altura de Río Seco. El comportamiento del conductor, Marcos Nacif, despertó sospechas y motivó una inspección más detallada del vehículo. Durante la revisión, los uniformados encontraron 470 kilos de cocaína ocultos en la carga, dando inicio a una investigación que rápidamente escaló en complejidad.
Bajo la conducción del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, la pesquisa avanzó con nuevas detenciones. Entre ellas se encuentra Rodrigo “Icha” Chávez, ex candidato a concejal de Famaillá, además del empresario Pablo Abraham, quien decidió presentarse voluntariamente ante la Justicia luego de conocer que existía una orden de captura en su contra.
Durante las declaraciones indagatorias, Nacif sostuvo que había sido contratado para realizar un traslado y aseguró desconocer el contenido de la carga que transportaba. Chávez, por su parte, negó cualquier participación en la maniobra investigada y explicó que la camioneta utilizada para el traslado de la droga había sido anteriormente de su propiedad, aunque afirmó haberla entregado a Abraham como parte de pago por otro vehículo.
Mientras tanto, Abraham optó por abstenerse de declarar hasta conocer en detalle las pruebas reunidas por los investigadores. En paralelo, la Fiscalía ordenó una serie de allanamientos destinados a reconstruir la red de vínculos económicos y comerciales que podrían estar relacionados con la organización.
Uno de los procedimientos más relevantes se concretó en una concesionaria ubicada sobre calle San Martín al 1000, en la capital tucumana. Allí se secuestraron un teléfono celular, un vehículo y documentación considerada de interés para la causa. Además, los investigadores realizaron un inventario de los automóviles presentes en el predio y dispusieron la clausura del establecimiento.
Fue en ese operativo donde resultó detenido Enrique Santos Catulo. Según antecedentes judiciales, había sido condenado en 2017 durante el juicio contra el denominado clan Ale por integrar una asociación ilícita destinada al lavado de dinero proveniente de actividades ilegales, entre ellas el narcotráfico. De acuerdo con aquella sentencia, la concesionaria habría sido utilizada para canalizar y justificar fondos vinculados a la organización.
La investigación también alcanzó un departamento ubicado en barrio Norte, donde fue arrestado Ernesto Catulo Chamas. En ese lugar, los efectivos secuestraron un vehículo, cheques de distintos montos y documentación que ahora será analizada por los investigadores.
Además de estos procedimientos, Gendarmería realizó allanamientos en otros inmuebles de San Miguel de Tucumán y Famaillá, aunque en esos casos no se encontraron elementos considerados relevantes para la causa.
Uno de los aspectos que más atención concentra entre los investigadores es la reiterada aparición de concesionarias de automóviles y operaciones de compraventa de vehículos en el entorno de varios de los implicados. Esa coincidencia alimenta la hipótesis de que determinadas actividades comerciales podrían haber sido utilizadas para justificar movimientos económicos y eventualmente blanquear fondos provenientes del narcotráfico.
A menos de dos semanas del hallazgo de la droga, la Justicia intenta reconstruir el recorrido completo del cargamento y determinar quiénes eran sus verdaderos propietarios. También busca establecer si la cocaína ingresó a la provincia por vía aérea y cuál era su destino final.
Por el momento, ninguna hipótesis ha sido descartada. Lo que comenzó como un control vehicular sobre una ruta del este tucumano se transformó en una investigación de gran magnitud que sigue sumando detenidos, profundizando líneas de análisis y revelando posibles conexiones entre el tráfico de drogas, los negocios privados y el movimiento de importantes sumas de dinero.
