Redacción SLC
La Legislatura de Tucumán sancionó este miércoles el proyecto que crea el Régimen Especializado de Ejecución Penal Juvenil y adecua la normativa provincial a la Ley Nacional 27.801. La iniciativa fue aprobada en una sesión especial ordinaria presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo, con 44 votos afirmativos y uno negativo.
La normativa nacional establece un régimen penal específico para adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18 cuando sean imputados por delitos. Entre sus objetivos se encuentran fomentar la responsabilidad por los actos cometidos y promover la educación, resocialización e integración social.
A partir de la adecuación aprobada por la Legislatura, Tucumán contará con un marco provincial destinado a regular la ejecución material, supervisión, seguimiento técnico y abordaje socioeducativo de las medidas y penas dispuestas por la Justicia cuando su implementación corresponda a organismos provinciales.
El sistema provincial contempla objetivos vinculados con la responsabilización de los adolescentes, su integración social, la reducción de la reincidencia y la protección de las víctimas y de la comunidad. Para cumplir con esas funciones se crea el Cuerpo de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, que funcionará bajo la órbita del Poder Judicial.
Los supervisores tendrán entre sus funciones realizar el seguimiento de los adolescentes alcanzados por el régimen, articular con distintas instituciones y controlar el cumplimiento de las medidas dispuestas por la autoridad judicial. También deberán acompañar el proceso de reintegración social.
La ley establece además que las penas deberán cumplirse en establecimientos especializados para menores de 18 años. En ese marco, se crea el Instituto Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil “Cura Brochero”, destinado a la ejecución de penas privativas de libertad y de determinadas medidas previstas por el régimen.
El proyecto había sido trabajado en la Comisión de Legislación General de la Legislatura, presidida por Gerónimo Vargas Aignasse, a través de reuniones con representantes de los distintos poderes del Estado. En las mesas de trabajo participaron integrantes de la Corte Suprema de Justicia, ministerios del Poder Ejecutivo, jueces, fiscales y abogados vinculados con la temática.
Vargas Aignasse destacó el proceso desarrollado para adecuar la normativa provincial. “Tucumán es la primera provincia de la Argentina, a 25 días de la vigencia de la ley nacional, de terminar la adecuación procesal y el régimen penal juvenil con el plan de integración y transformación personal de ese menor, articulado con todos los poderes del Estado”, afirmó.
El legislador remarcó que el objetivo planteado por la normativa no se limita al cumplimiento de una pena. “Lo que buscamos, además de condenarlo, es recuperarlo y devolverlo a la sociedad mejor de lo que ingresó, ponerle fin a su trayectoria criminal y reincorporarlo”, sostuvo.
Vargas Aignasse explicó que Tucumán ya cuenta con dispositivos vinculados con el tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley y que deberán adecuarse al nuevo esquema. “Tenemos un sistema en la Secretaría de Niñez, Familia y Adolescencia, que son dispositivos para el tratamiento de los menores en conflicto con la ley, que se van a adaptar a las edades correspondientes”, detalló.
El legislador Mario Leito señaló que la adecuación provincial busca generar las herramientas necesarias para aplicar efectivamente el nuevo régimen. “Una cosa es la ley sancionada, la baja de imputabilidad, y otra cosa es buscar la manera para la aplicación de la norma”, explicó.
Leito indicó que durante el proceso de elaboración se analizaron modificaciones administrativas y procesales y la estructura necesaria para implementar el sistema. También señaló que se debatió bajo qué poder debía funcionar la figura del supervisor y finalmente se definió que quedara bajo la órbita del Poder Judicial.
Agustín Romano Norri destacó que la iniciativa surgió de la unificación de cinco proyectos y remarcó la necesidad de contar con herramientas de reinserción. “Es un trabajo que son cinco proyectos que se han unificado, en los cuales hoy vamos a tener la posibilidad de tener un tratamiento sobre los menores que tengan conflicto con la ley y poder brindarles las herramientas de reinserción laboral”, sostuvo.
La legisladora Silvia Elías de Pérez, por su parte, puso el foco en las políticas de prevención y acompañamiento que contempla el régimen. “Lo que está haciendo esta ley es estar presente, educación, tratamiento para consumos problemáticos, tratamiento psicológico”, señaló.
La adecuación provincial se incorpora así al proceso de implementación del régimen nacional, que ya cuenta con reglamentación y un programa nacional destinado a coordinar su puesta en marcha. El Decreto 875/2026 estableció al Ministerio de Justicia de la Nación como autoridad de aplicación y creó mecanismos de articulación con las provincias.
