El Gobierno negocia el Presupuesto 2027 y apunta a llevarlo al recinto el 25 de noviembre

Después de dos semanas de actividad reducida por las elecciones en Estados Unidos y la visita del Papa León XIV, el Gobierno reactivó las negociaciones con los bloques aliados y dialoguistas de la Cámara de Diputados. El oficialismo busca avanzar con el tratamiento del Presupuesto 2027 y se encamina a llevar el proyecto al recinto el miércoles 25 de noviembre.

En una reunión participaron representantes de distintos espacios políticos, entre ellos Cristian Ritondo, del PRO; Pamela Verasay, de la UCR; Gisela Scaglia, de Provincias Unidas; y Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, además de funcionarios del Poder Ejecutivo. “Lo más importante es que se ratificó el cronograma de trabajo”, resumió un diputado aliado al finalizar el encuentro.

El esquema contempla la firma del dictamen el martes 17 y la sesión para tratar el proyecto una semana después. Sin embargo, los legisladores reconocieron que durante la reunión hubo pocas discusiones sobre el contenido del Presupuesto y que el principal intercambio estuvo centrado en la iniciativa de Defensa de la Soberanía de Malvinas.

Antes de esa instancia, el Gobierno convocará a una sesión para el miércoles 18. Además del proyecto referido a Malvinas, el temario incluirá la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la ratificación de la Enmienda al Protocolo de Montevideo y el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC-EFTA). También se tratarán dos convenios entre el Estado nacional y la Ciudad de Buenos Aires para profundizar la transferencia de competencias judiciales al ámbito porteño.

Uno de los puntos que todavía genera desacuerdos entre el oficialismo y sus aliados es el Título VII del proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas. Los bloques opositores propusieron eliminarlo por completo, mientras que Paula Taddei, funcionaria de la Secretaría de Legal y Técnica, se comprometió a revisar y redactar nuevamente algunos artículos. Desde La Libertad Avanza, sin embargo, aclararon que no aceptarán suprimir todo el apartado.

Entre los artículos cuestionados está el 129, que define la campaña de injerencia extranjera como un conjunto de acciones planificadas y sostenidas, desarrolladas mediante mecanismos clandestinos, engañosos, coercitivos o ilícitos, con el objetivo de alterar procesos electorales, afectar la formación de la voluntad política o condicionar las decisiones de las autoridades nacionales.

Algunos legisladores aliados consideran que la redacción no es suficientemente precisa y advierten que podría afectar la libertad de expresión y el trabajo de las organizaciones no gubernamentales. El punto tiene especial importancia parlamentaria porque, al modificar el Código Penal y el régimen de Partidos Políticos, el Título VII requiere una mayoría especial de 129 votos afirmativos. Si no se introducen cambios, el apartado podría ser rechazado durante el tratamiento en el recinto.

En paralelo, el PRO destacó el acuerdo para prorrogar el régimen de promoción del autopartismo, uno de los siete pedidos que el partido había presentado al Gobierno. El esquema contempla beneficios como la devolución acelerada del IVA, la amortización anticipada en el impuesto a las Ganancias y una alícuota del 0% de retenciones para las exportaciones del sector hasta 2032.

La medida tendrá impacto en Córdoba, Santa Fe y Zárate, en la provincia de Buenos Aires. Desde el partido justificaron el pedido por los plazos de planificación de la industria automotriz y la necesidad de contar con previsibilidad para concretar inversiones.

“Una inversión automotriz se planifica a 5 u 8 años, y ninguna empresa arranca un proyecto con un régimen que vence a la mitad. Por eso escuchamos a la industria y llevamos su pedido al Presupuesto: prorrogar las dos leyes juntas, porque funcionan juntas”, expresaron desde las redes sociales del PRO.

Por otro lado, la Casa Rosada y el Ministerio de Economía comenzaron a negociar directamente con los gobernadores una compensación vinculada con el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Los mandatarios provinciales reclaman desde el año pasado una reducción de ese tributo, debido a que sostienen que el Gobierno no cumple con la asignación específica de los fondos recaudados para el mantenimiento de las rutas nacionales.

El malestar también se relaciona con la decisión de la Secretaría de Transporte de incrementar los subsidios a las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde noviembre, con el objetivo de evitar aumentos en el boleto. Las provincias consideran que una reducción del ICL permitiría aliviar costos y contener las subas del transporte público en el interior.

Entre los reclamos pendientes del PRO también figura la regularización de las deudas por coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires. Según indicaron desde el espacio, el tema está en conversaciones entre el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

A su vez, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, negocia con la Nación una reducción de la alícuota del IVA del 21% al 10,5% para los huevos y sus derivados. En cambio, todavía no recibieron respuesta otros planteos del PRO, como los cambios a la ley de biocombustibles para proteger a las pequeñas y medianas empresas de Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa, y una mayor transparencia en las concesiones viales.

Por último, Argentina Federal busca compromisos para aumentar los recursos destinados a Ciencia y Tecnología y al financiamiento universitario, además de eliminar los artículos originales que reducían las partidas del área de Discapacidad. También reclama un incremento significativo de los fondos para cumplir con la Ley de Bosques, una cuestión que siguen especialmente los diputados de Misiones.

Las negociaciones muestran que, además de conseguir los votos para aprobar el Presupuesto 2027, el oficialismo deberá atender una agenda de reclamos sectoriales y provinciales. La definición de esos puntos será clave para sostener los acuerdos parlamentarios de cara a las próximas sesiones.