Un juez de la provincia declaró inconstitucional el pago en cuotas de una indemnización por despido

Un juez de Trabajo de Tucumán declaró la inconstitucionalidad del artículo de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) que permite pagar indemnizaciones por despido en cuotas, una modalidad incorporada por la Ley de Modernización Laboral. En el marco de un juicio laboral, el magistrado ordenó a una empresa demandada cancelar en un solo pago una deuda de alrededor de $8 millones que tenía con una trabajadora despedida.

La resolución fue dictada por Carlos Frascarolo, titular del Juzgado del Trabajo de la Iª Nominación del Centro Judicial Capital. En su sentencia, cuestionó el mecanismo incorporado al artículo 277 de la LCT mediante el artículo 56 de la Ley N.º 27.802 y sostuvo que contradice garantías establecidas en la Constitución Nacional, entre ellas el derecho a la propiedad, la igualdad y el principio protectorio del trabajador.

“Esta nueva norma bajo examen resulta incompatible con el principio protectorio y resulta una medida irrazonable que alienta el incumplimiento de la ley, importando un beneficio injustificado para el demandado y un grave perjuicio para la trabajadora, a la que le otorga un trato desigual y discriminatorio incompatible con las garantías constitucionales”, afirmó Frascarolo.

El caso se originó en una demanda por cobro de pesos en la que una firma dedicada al comercio de calzados ya había sido condenada a pagar cerca de $8 millones en concepto de indemnización por despido. Luego de esa decisión, la empleadora solicitó autorización para cancelar el capital de la condena en doce cuotas mensuales y consecutivas.

Para fundamentar el pedido, la empresa invocó el artículo 277 de la LCT, modificado por la reforma laboral. También sostuvo que estaba comprendida en el segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME) y que atravesaba dificultades financieras vinculadas con la situación económica del país y la crisis del sector del comercio de calzados.

La trabajadora se opuso a esa modalidad de pago y pidió que se rechazara la solicitud. Además, planteó la inconstitucionalidad del artículo por considerar que vulneraba disposiciones de la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos.

Al resolver la controversia, Frascarolo consideró que la empleadora no había acreditado debidamente en el expediente ni su condición de MiPyME ni la existencia de una situación económica que justificara el fraccionamiento de la deuda. Pero también desarrolló fundamentos jurídicos para cuestionar la validez constitucional de la disposición.

Uno de los argumentos centrales estuvo relacionado con el derecho de propiedad. El magistrado señaló que, una vez firme la sentencia que reconoce el crédito laboral, ese derecho pasa a integrar el patrimonio de la trabajadora y queda protegido por el artículo 17 de la Constitución Nacional. “La posibilidad de que el deudor pueda imponer unilateralmente su pago fraccionado obligaría a la acreedora, contra su voluntad, a permanecer privada de la disponibilidad íntegra de un crédito que ya le ha sido reconocido judicialmente”, sostuvo.

El juez también entendió que el pago en cuotas afecta el principio protectorio, contemplado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, porque la indemnización tiene naturaleza laboral y alimentaria. Según explicó, el mecanismo traslada a la trabajadora las consecuencias económicas de la demora y la obliga, en los hechos, a financiar al empleador condenado.

Otro de los puntos cuestionados fue la posible vulneración del principio de igualdad, establecido en el artículo 16 de la Carta Magna. Para Frascarolo, la norma coloca en una posición más favorable a quienes incumplen sus obligaciones laborales frente a los empleadores que pagan voluntariamente.

“Coloca en una situación más favorable al empleador que incumplió su obligación y obligó a la trabajadora a recurrir a la vía judicial (...). Quien cumple voluntariamente sus obligaciones no cuenta con tal posibilidad, mientras quien incumple y resulta condenado puede obtener, como consecuencia del proceso, una facilidad de pago que no tenía con anterioridad”, remarcó. A partir de estos fundamentos, el magistrado declaró inconstitucional el párrafo incorporado al artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y dispuso que la empresa cancele la indemnización reconocida judicialmente en un solo pago.