Avanza una megacausa por asociación ilícita tributaria vinculada al Ingenio La Trinidad

La Justicia Federal de Tucumán profundiza una de las investigaciones económicas más relevantes de los últimos años, centrada en la presunta conformación de una asociación ilícita tributaria que habría operado desde 2011 un entramado de sociedades para evadir impuestos, apropiarse de aportes previsionales de trabajadores del Ingenio La Trinidad y vaciar empresas del grupo económico ligado a la actividad azucarera. Según el Ministerio Público Fiscal, el mecanismo habría funcionado durante más de una década y sus integrantes -contadores, administradores y apoderados- podrían enfrentar penas que van desde tres años y medio hasta diez años de prisión.

El caso se originó tras múltiples fiscalizaciones de AFIP y diversas actuaciones penales que evidenciaron una rotación sistemática de empresas que asumían la explotación del ingenio, quedaban luego sin actividad ni patrimonio y acumulaban deudas por impuestos, aportes previsionales y obligaciones laborales. El dictamen fiscal señala que sociedades como Mijasi SRL, Azucarera del Sur SRL, Anzuc SRL, el Fideicomiso Azúcares del Tucumán y Los Chaguares SA funcionaban durante períodos breves, registraban empleados y operaciones y terminaban vaciadas mientras una nueva firma asumía formalmente la actividad.

Según detalló el diario Contexto, los fiscales identificaron como imputados a Ricardo Sixto Ansonnaud, señalado como organizador del esquema; a Fabio Enrique Seoane, apuntado como responsable operativo; a dos empleados; y a un hombre recientemente fallecido. Entre las irregularidades detectadas, se destacan los millonarios montos en impuestos presuntamente evadidos a través de Los Chaguares SA: más de $93 millones en IVA y Ganancias durante 2017, y más de $109 millones en 2018, además de importantes faltantes en aportes previsionales entre 2017 y 2019.

El dictamen también detalla maniobras como la ocultación de la verdadera situación económica del ingenio, la omisión deliberada de declaraciones juradas, el registro de créditos fiscales inexistentes y la utilización de socios sin capacidad patrimonial que figuraban retirando azúcar producido. La Procelac intervino para analizar el diseño del grupo y evaluar posibles mecanismos de lavado y vaciamiento empresarial. La acusación se sostiene en la figura de asociación ilícita tributaria prevista en la Ley Penal Tributaria, que sanciona la integración de organizaciones dedicadas a cometer delitos fiscales aun sin que cada hecho delictivo se concrete individualmente. Para asegurar bienes y futuros decomisos, la fiscalía solicitó medidas cautelares.

La causa tomó un giro conflictivo tras los planteos del abogado defensor Arnaldo Ahumada, representante de Ansonnaud y de parte de las firmas investigadas. El letrado sostuvo que su cliente “no debe absolutamente nada” debido a que todas las obligaciones se encuentran dentro de un plan de moratoria y blanqueo vigente desde hace tres años, aprobado con conformidad del Ministerio Público Fiscal y de ARCA. En ese marco, pidió la nulidad de la indagatoria y calificó la acusación como “absurda” y “escandalosa”.

Ahumada cuestionó que el Estado continúe recibiendo pagos de la moratoria mientras acusa a sus representados de integrar una organización criminal. “Si me dicen que formo parte de una organización criminal, no deberían seguir cobrándome. Están recibiendo los beneficios de lo que dicen que es delito”, afirmó, insinuando además posibles motivaciones internas en la fiscalía vinculadas a la disminución de casos de lesa humanidad. Aseguró que esta contradicción “mina la seguridad jurídica” y criticó que, pese a la suspensión penal que —según indicó— regía por el blanqueo, ahora se avance con nuevas imputaciones.