La propuesta, compuesta por 11 artículos, plantea un régimen de integridad, idoneidad y lucha contra la corrupción y los delitos graves.
Política25/11/2025
Redacción SLC
Un nuevo proyecto ingresado en la Legislatura promete instalar un intenso debate político e institucional. La iniciativa, impulsada por el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, propone impedir que personas condenadas en primera instancia puedan postularse a cargos electivos, a través de un régimen que el propio autor define como una versión “recargada” de la llamada “Ficha Limpia”.
La propuesta, compuesta por 11 artículos, plantea un “régimen de integridad, idoneidad y lucha contra la corrupción y los delitos graves”, cuyo objetivo central es evitar el acceso a cargos públicos electivos o de alta responsabilidad política a quienes tengan una condena penal en primera instancia dictada en juicio oral y público. Según el proyecto, esta medida busca resguardar la ética pública, la seguridad institucional y el funcionamiento del Estado.
El articulado establece que serán inhábiles para ser candidatos o precandidatos todas las personas con condena penal en primera instancia por delitos considerados graves. La restricción se mantendrá vigente hasta que exista una sentencia absolutoria firme, un sobreseimiento definitivo o una revocación total de la condena.
Entre los delitos incluidos figuran los cometidos contra la administración pública, los delitos dolosos contra la vida, los vinculados a la integridad sexual en casos graves, narcotráfico y estupefacientes, trata y explotación de personas, criminalidad organizada, lavado de activos, terrorismo, delitos contra el orden constitucional y crímenes de lesa humanidad y genocidio.
La iniciativa, firmada también por el legislador Roberto Moreno, abarca un amplio universo de funcionarios y postulantes: desde precandidatos y candidatos a cualquier cargo electivo hasta ministros, secretarios, subsecretarios, delegados comunales, legisladores, intendentes, concejales y autoridades de entes autárquicos o empresas públicas.
Vargas Aignasse argumentó que una condena penal en primera instancia constituye “un criterio objetivo y razonable de inhabilitación”. Sostuvo que no se trata de una penalización sino de una condición para el acceso a la función pública, dado que la sentencia surge de un debate oral, con pruebas valoradas públicamente y la intervención de un tribunal imparcial. En ese sentido, afirmó que la medida busca consolidar la integridad del sistema democrático y reforzar la confianza ciudadana en quienes ejercen representación política.
El funcionario se mostró en contra de los acoples y analizó que la propuesta tiene que servir para ayudar a la gente.
El legislador lamentó que se pierda una “oportunidad histórica de definir el modelo de provincia que queremos”.
El objetivo es construir un ámbito plural de diálogo y abordar las necesidades urgentes del sistema educativo.
El anuncio se realizó tras la reunión de gabinete de este jueves, instancia en la que también repasó los principales logros de gestión alcanzados durante el año.
El encuentro dejó planteado un escenario de cooperación activa entre Provincia y Nación para encarar los desafíos que impone la seguridad pública.
El titular del Concejo Deliberante aseguró que, en vez de eliminarlo, hay que limitarlo, ya que la gente no quiere encontrarse con “un mar de boletas”.
El legislador lamentó que se pierda una “oportunidad histórica de definir el modelo de provincia que queremos”.
El funcionario se mostró en contra de los acoples y analizó que la propuesta tiene que servir para ayudar a la gente.