Presentan en la Legislatura un proyecto para impedir candidaturas de personas condenadas en primera instancia

Un nuevo proyecto ingresado en la Legislatura promete instalar un intenso debate político e institucional. La iniciativa, impulsada por el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, propone impedir que personas condenadas en primera instancia puedan postularse a cargos electivos, a través de un régimen que el propio autor define como una versión “recargada” de la llamada “Ficha Limpia”.

La propuesta, compuesta por 11 artículos, plantea un “régimen de integridad, idoneidad y lucha contra la corrupción y los delitos graves”, cuyo objetivo central es evitar el acceso a cargos públicos electivos o de alta responsabilidad política a quienes tengan una condena penal en primera instancia dictada en juicio oral y público. Según el proyecto, esta medida busca resguardar la ética pública, la seguridad institucional y el funcionamiento del Estado.

El articulado establece que serán inhábiles para ser candidatos o precandidatos todas las personas con condena penal en primera instancia por delitos considerados graves. La restricción se mantendrá vigente hasta que exista una sentencia absolutoria firme, un sobreseimiento definitivo o una revocación total de la condena.

Entre los delitos incluidos figuran los cometidos contra la administración pública, los delitos dolosos contra la vida, los vinculados a la integridad sexual en casos graves, narcotráfico y estupefacientes, trata y explotación de personas, criminalidad organizada, lavado de activos, terrorismo, delitos contra el orden constitucional y crímenes de lesa humanidad y genocidio.

La iniciativa, firmada también por el legislador Roberto Moreno, abarca un amplio universo de funcionarios y postulantes: desde precandidatos y candidatos a cualquier cargo electivo hasta ministros, secretarios, subsecretarios, delegados comunales, legisladores, intendentes, concejales y autoridades de entes autárquicos o empresas públicas.

Vargas Aignasse argumentó que una condena penal en primera instancia constituye “un criterio objetivo y razonable de inhabilitación”. Sostuvo que no se trata de una penalización sino de una condición para el acceso a la función pública, dado que la sentencia surge de un debate oral, con pruebas valoradas públicamente y la intervención de un tribunal imparcial. En ese sentido, afirmó que la medida busca consolidar la integridad del sistema democrático y reforzar la confianza ciudadana en quienes ejercen representación política.