Redacción SLC
El litigio internacional por la expropiación de YPF entró en una nueva fase tras el reciente fallo favorable a la Argentina dictado por la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Con este escenario, la atención se centra ahora en los próximos movimientos de los fondos demandantes Petersen y Eton, financiados por Burford Capital, que ya anticiparon que insistirán con nuevas estrategias legales.
Una de las principales alternativas en evaluación es la presentación de un pedido de revisión ante el pleno de los jueces de la Cámara, conocido como hearing en banc. Se trata de un recurso excepcional, de baja aceptación, que de prosperar podría darle al caso una dimensión inusual dentro del sistema judicial estadounidense.
Según los plazos procesales, este pedido debería realizarse en los próximos 14 días, mientras que la respuesta del tribunal podría conocerse entre 20 y 45 días después. En el Gobierno consideran que esta es la vía más probable en el corto plazo, aunque reconocen que su admisión es poco frecuente.
En caso de que esta instancia sea rechazada, los demandantes aún podrían intentar llevar el conflicto ante la Corte Suprema de Estados Unidos mediante un recurso de revisión. Sin embargo, el acceso a este nivel está reservado a causas de relevancia excepcional y su aceptación no es automática, lo que limita las probabilidades de avance.
El calendario judicial también juega un papel clave, ya que el máximo tribunal entra en receso el 31 de julio y retoma su actividad en octubre. Si el planteo se presenta antes de esa fecha, una eventual resolución podría conocerse hacia diciembre; de lo contrario, el proceso podría extenderse hasta 2027 en caso de ser aceptado.
En paralelo, los fondos cuentan con la opción de acudir al CIADI, lo que implicaría abrir un nuevo frente internacional sin necesidad de agotar las instancias en Estados Unidos. Esta alternativa ampliaría el alcance del conflicto y sumaría complejidad al escenario judicial.
Desde el Gobierno sostienen que el fallo de la Cámara modificó de manera sustancial el panorama y redujo las chances de éxito de los demandantes. No obstante, aseguran que continúan trabajando en todos los escenarios posibles, mientras mantienen la estrategia jurídica basada en la aplicación del derecho argentino en materia de expropiación y en la inadmisibilidad de los reclamos contractuales planteados.
