Redacción SLC
La situación judicial que envuelve a la Caja Popular de Ahorros suma un nuevo capítulo y, al mismo tiempo, abre una ventana de transformación institucional. El interventor Guillermo Norry habló en Sin Letra Chica y apuntó directamente contra la demanda millonaria iniciada por el exjugador Adrián Arregui, al tiempo que dejó definiciones clave sobre el futuro del histórico edificio del Casino de Tucumán. En ese marco, adelantó cambios estructurales que podrían marcar un antes y un después en el rol del organismo provincial.
Sobre el litigio, Norry fue contundente al cuestionar el reclamo por más de $1400 millones. “Hay un intento de cobrar una indemnización por un jugador que pertenecía a una institución que tenía parte de personal en la Caja Popular, pero los jugadores se rigen por un régimen especial de AFA”, explicó. En esa línea, remarcó que “mal puede Arregui tener un vínculo con la ART” y deslizó que detrás del planteo “pareciera que alguien vio la oportunidad de reclamar por esa lesión”.
El interventor fue más allá y habló de posibles responsabilidades compartidas. “Nosotros hablamos de una asociación ilícita porque Arregui no podría haber sido el causante de esto sin el asesoramiento de otras personas”, sostuvo, apuntando también a la intervención de estudios jurídicos y médicos de Buenos Aires. La denuncia penal presentada por la actual conducción busca, según indicó, “custodiar lo que viene de la provincia y la fuente de trabajo de muchas familias”.
Mientras el frente judicial sigue su curso, Norry puso el foco en una primicia que impacta de lleno en la planificación urbana de la capital tucumana. Confirmó que la Caja está en “proceso de recuperar el espacio donde funcionaba el casino” y que se analizan “varias ideas alternativas” para darle nueva vida a la zona. Sin precisar el destino final, dejó entrever que el proyecto excederá el juego tradicional y buscará ser “beneficioso para todo Tucumán, no solo para los jugadores”.
El cambio de paradigma en la industria del juego también influye en esa decisión. “El juego de azar está sufriendo una metamorfosis bastante interesante”, explicó Norry, al señalar que la quiniela perdió peso frente a nuevas plataformas digitales. En ese contexto, admitió que el modelo clásico quedó atrás y que incluso el concepto de casino “merece un exhaustivo análisis” en función de las nuevas tendencias.
En paralelo, la Caja Popular avanza en un proceso de modernización financiera que incluye una apertura al sector privado. “No vamos a ser banco porque no podemos ser banco, pero necesitamos aggiornarnos a la modernidad”, afirmó el interventor. En ese sentido, reveló que la próxima semana podría haber novedades clave del Banco Central respecto a la autorización necesaria para este nuevo esquema, que permitiría ampliar servicios y salir al mercado con otra lógica operativa.
"Estábamos demorando en esa adecuación. Pero la semana que viene habrá novedades en cuanto a la autorización del Banco Central. La idea es que la Caja Popular, con la estructura, la capacitación, los años de gestión y el respaldo del Gobierno de la provincia abra sus puertas al mercado privado", precisó.
Con una estructura de alrededor de 1.200 empleados y 22 sucursales, la entidad se enfrenta al desafío de reinventarse sin ampliar el Estado. Norry reconoció que la pandemia y los retiros voluntarios dejaron áreas debilitadas, especialmente en perfiles profesionales. Sin embargo, planteó un horizonte expansivo. “Al contrario de la banca privada que está restringiendo personal, nosotros nos estamos planteando expandirnos y salir a la calle”, concluyó.
