Redacción SLC
En medio de la crisis que atraviesa el transporte público en Tucumán, con reuniones entre empresarios, autoridades municipales y el Gobierno provincial -donde incluso el gobernador Osvaldo Jaldo advirtió sobre la posibilidad de avanzar hacia una licitación nacional-, el debate sobre el costo real del servicio volvió a quedar en el centro de la escena. Un reciente informe técnico ubicó el valor del boleto urbano en torno a los $1.600, muy por encima de los $1.250 actuales, lo que exponen la brecha entre ingresos y gastos del sistema.
En ese contexto, el empresario del transporte Guillermo Villagra, a cargo de las líneas 11 y 19, trazó un diagnóstico contundente sobre la situación estructural del sector. "En el transporte no hay soluciones mágicas y tampoco sé si hay una solución definitiva porque es un tema complejo y dinámico. El sistema de transporte de la provincia y la Capital tiene problemas que son estructurales: ineficiencia en el diseño y propias del sistema. En tiempo de abundancia, esas ineficiencias pasaban desapercibidas", afirmó.
En declaraciones a Sin Letra Chica, el empresario explicó que el problema no es coyuntural sino acumulativo. "Este sistema ya no da para más y hay que cambiarlo. Pero siempre está la disputa entre lo urgente y lo importante. Nosotros tenemos un sistema atado a ingresos vía pasajero. Siempre tuvimos un problema de que las tarifas no reflejan los costos de explotación, por lo que hay costos que no se absorben”, declaró.
“Esos costos a la larga hacen que el sistema decaiga en su calidad. Entonces, esas mismas falencias en el sistema hacen que viajen menos gente, hay menos ingresos y termina en una espiral descendente", describió.
Villagra remarcó que el problema trasciende a los empresarios y debe ser abordado como una política pública integral. "Nosotros tenemos que tener un buen sistema para la sociedad porque es beneficio para todo el ciudadano porque mejora la calidad de vida. Entonces, no es solo el interés que presta el servicio, es un tema que nos tiene que importar a todos", sostuvo.
En ese marco, también puso el foco en la responsabilidad del Estado en la definición del esquema. "En cualquier esquema donde los costos no se encuentren cubiertos, no va a funcionar porque no es sostenible a la larga. Yo entiendo que el gobernador y la intendenta tienen la lapicera. Siempre fue así, pero primero tenemos que ver si están las condiciones dadas para un determinado servicio", señaló.
El empresario relativizó además el impacto que podría tener una eventual licitación en sí misma. "Con concesión, o sin concesión, con permiso precario o sin permiso precario, el que tiene la lapicera y el poder es el Gobierno, municipal y provincial. Entonces, la concesión en sí no es la solución. La solución sería determinar un sistema que sea sostenible y que le sirva a todos. El pago por kilómetro es una salida para el operador, pero una carga para el Estado", explicó.
En paralelo, se destacaron las inversiones realizadas por el sector privado pese al contexto adverso. "Nosotros tenemos 15 unidades nuevas que cuestan aproximadamente 200 mil dólares por unidad. Venimos trabajando desde el 2003 con Línea 19. Es bastante el trabajo que venimos realizando", indicó.
Otro de los puntos que puso en discusión fue el esquema de subsidios y los incentivos para mejorar el servicio. "El subsidio provincial se divide en función del personal de cada empresa. En la parte municipal se toman en cuenta varios factores. Básicamente pasajeros transportados donde se hace un promedio simple entre usuarios del abono estudiantil municipal, pasajeros que pagan la tarifa plena y los atributos de SUBE, además del personal”, detalló.
“Entonces, eso también hay que definir: cuáles van a ser los incentivos para los operadores, qué es lo que motiva a un operador a hacer un trabajo eficiente si al final del día la distribución va a estar dada por el personal", planteó.
Finalmente, Villagra hizo hincapié en el concepto que hoy atraviesa toda la discusión: el sinceramiento del sistema. "Hay una palabra clave que es sincerar. No se hizo ningún pedido de aumento de boleto, lo que se hizo es presentar el estudio de costo. La principal variable es el costo por kilómetro. Hace varios meses que venimos trabajando con el municipio en determinar el costo. Nosotros queremos que esto se sincere, si el Concejo Deliberante determina que el valor del boleto es tal, habrá que ver qué pasa con los costos que no se absorben porque sino el sistema no es sostenible", concluyó.
