Redacción SLC
El Tribunal Oral Federal N° 4 condenó este lunes al exministro de Planificación Federal Julio de Vido y al exsecretario de Obras Públicas José López a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al hallarlos culpables de los delitos de cobro de sobornos y administración fraudulenta contra el Estado en el marco de la causa conocida como caso Skanska.
El veredicto fue dictado por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez, quienes también impusieron condenas a exdirectivos de la empresa sueca y a otros intermediarios vinculados a la maniobra investigada. De los 30 acusados que llegaron al juicio oral, iniciado en 2024, 17 fueron absueltos.
Entre los principales condenados figuran Mario Piantoni, exmáximo responsable de Skanska en la región; Gustavo Vago, expresidente de la compañía en Argentina; y Javier Azcárate, exgerente comercial, quienes recibieron penas de cuatro años de prisión.
En tanto, los exdirectivos Eduardo Varni, Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Antonio Zareba fueron condenados a tres años de prisión en suspenso.
El caso Skanska fue el primer gran escándalo de corrupción que salió a la luz durante el primer gobierno kirchnerista. La investigación giró en torno al presunto pago de sobornos y sobreprecios por parte de la constructora sueca para obtener la adjudicación de las obras de ampliación de dos gasoductos en 2004.
Según la acusación, la empresa montó un esquema de facturación apócrifa mediante más de una veintena de empresas fantasma para ocultar el pago de coimas, simulando la contratación de servicios que nunca fueron prestados.
Una de las pruebas centrales de la causa fue una grabación interna de la propia compañía, en la que un ejecutivo reconocía el pago de sobornos para asegurar la adjudicación de las obras.
La condena se suma a los antecedentes judiciales de Julio De Vido, quien ya había sido sentenciado por la tragedia ferroviaria de Once. En noviembre de 2025, la Corte Suprema dejó firme esa condena de cuatro años de prisión al considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta.
