
La Municipalidad busca ahorrar $1.500 millones por mes con la reestructuración del transporte urbano
Redacción SLC
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán estima que la reestructuración del sistema de transporte público urbano permitirá generar un ahorro operativo de $1.500 millones mensuales mediante una serie de cambios orientados a mejorar la eficiencia del servicio.
La iniciativa, presentada la semana pasada por la intendenta Rossana Chahla, contempla la simplificación de los recorridos, la reducción del número de paradas, un mayor control sobre las líneas y la disminución de los kilómetros recorridos por las unidades.
El proyecto surge de un diagnóstico técnico que detectó importantes deficiencias en el funcionamiento del sistema. Entre ellas, una sobreoferta de recorridos en algunos sectores de la ciudad y una escasa cobertura en otros, además de la superposición de líneas por la falta de planificación coordinada.
El informe también señala que apenas entre el 15% y el 18% de los habitantes de la capital utiliza el colectivo como principal medio de transporte, lo que refleja una migración hacia otras alternativas de movilidad. Otro de los problemas detectados es la elevada cantidad de paradas, situación que provoca recorridos más lentos, incrementa el consumo de combustible y afecta la regularidad del servicio.
Frente a ese escenario, la propuesta plantea una reducción del 20% en los kilómetros recorridos, lo que permitiría alcanzar el ahorro operativo estimado de $1.500 millones por mes. Según las proyecciones oficiales, esa mejora modificaría sustancialmente la situación financiera del sistema. Con el nivel actual de demanda, el transporte urbano pasaría de registrar un déficit mensual de $1.225 millones a un superávit cercano a $277 millones.
El estudio también contempla un escenario más favorable en caso de que el rediseño permita recuperar pasajeros. Si la demanda creciera un 5%, el superávit mensual ascendería a aproximadamente $542 millones. Tras la presentación del proyecto, la Municipalidad abrió un período de 30 días para recibir observaciones, propuestas y sugerencias de empresarios, equipos técnicos y distintos sectores vinculados al transporte.
Una vez finalizada esa instancia participativa, el Ejecutivo municipal elaborará la propuesta definitiva y avanzará con los instrumentos administrativos necesarios para implementar el nuevo esquema de transporte público.




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