Redacción SLC
La Justicia resolvió conceder el arresto domiciliario a Justina Gordillo, una de las acusadas en la causa que investiga el presunto encubrimiento del crimen de Érika Antonella Álvarez. La decisión fue tomada este martes por la jueza Jimena Suárez durante una audiencia en la que tanto la Fiscalía como la querella se pronunciaron en contra de la solicitud de la defensa.
La resolución no implica que Gordillo quede en libertad plena. Para abandonar el lugar donde permanece detenida deberá cumplir previamente con una caución de $100 millones y permanecer bajo monitoreo mediante una pulsera electrónica, según informaron fuentes judiciales.
La decisión provocó una fuerte reacción de los familiares de Érika Álvarez. La madre de la joven manifestó su rechazo dentro de la sala al conocer el resultado de la audiencia y, como consecuencia del episodio, terminó siendo expulsada del recinto.
El crimen de Érika Álvarez ocurrió el 7 de enero. De acuerdo con la hipótesis que sostiene la investigación, ese día la joven se dirigió hasta la vivienda de Felipe “El Militar” Sosa, donde habría sido asesinada a golpes. Un día después, el cuerpo fue encontrado en un descampado ubicado en Manantial Sur. Los investigadores sostienen que el cadáver habría sido trasladado hasta ese lugar luego del homicidio.
Sosa quedó acusado como presunto autor del asesinato y posteriormente fue detenido en Buenos Aires. En paralelo, la investigación avanzó sobre Gordillo, quien había sido pareja del principal acusado y se desempeñaba como empleada judicial.
La mujer fue detenida en febrero y quedó vinculada a la causa bajo sospecha de haber intervenido en distintas maniobras que, según la acusación, habrían tenido como finalidad encubrir el crimen y favorecer a Sosa. Desde hace más de seis meses, sus defensoras, María Florencia Abdala y Camilo Atim, cuestionan la imputación y vienen reclamando que Gordillo pueda recuperar su libertad.
El planteo de la defensa volvió a ser analizado por el Tribunal de Impugnación mientras la investigación continúa avanzando hacia la etapa de juicio. Durante la audiencia, el Ministerio Público y la querella rechazaron el pedido y solicitaron que Gordillo permaneciera privada de su libertad. Pese a esas objeciones, la jueza Suárez resolvió otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria.
La medida quedó condicionada al pago de la caución económica y al uso permanente de un dispositivo electrónico de monitoreo. De esta manera, Gordillo seguirá sometida al proceso judicial y deberá cumplir las restricciones impuestas mientras la causa continúa su trámite.
Ahora, la investigación deberá avanzar hacia las próximas instancias procesales para determinar las responsabilidades que correspondan en el expediente por el crimen de Érika Álvarez. La situación de Gordillo seguirá siendo analizada dentro de ese proceso, mientras permanece vigente la acusación en su contra por el presunto encubrimiento.
