Redacción SLC
Los sindicatos estatales nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado resolvieron convocar a un paro general para el próximo 11 de febrero, fecha en la que el Senado de la Nación tiene previsto tratar la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. La decisión fue adoptada en el marco de una reunión del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, que además evalúa desplegar medidas de fuerza en todo el país para presionar a los gobernadores que acompañen el proyecto.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la huelga es una respuesta necesaria del movimiento obrero, aunque advirtió que no debe limitarse a una acción aislada. En ese sentido, llamó a construir un plan de lucha previo al debate parlamentario y a iniciar movilizaciones antes de que la iniciativa comience a discutirse en la Cámara alta.
El dirigente puso el foco en los mandatarios provinciales y planteó la necesidad de llevar las protestas a aquellas provincias cuyos gobiernos respalden la reforma. Según expresó, los gobernadores tienen un rol central en el avance del proyecto y deben asumir la responsabilidad política de avalar una legislación que, a su entender, implica un retroceso histórico en materia de derechos laborales. En esa línea, cuestionó las gestiones del ministro del Interior, Diego Santilli, para sumar apoyos y aseguró que sin el acompañamiento de las provincias el Gobierno no podría avanzar con la iniciativa.
Desde ATE advirtieron que la reforma laboral busca debilitar las protecciones de los trabajadores y ampliar el poder de los empleadores, un escenario que, según Aguiar, no puede derivar en un resultado positivo. Por ese motivo, instó a los trabajadores estatales a manifestarse en defensa de la Constitución y a poner límites al Gobierno nacional, al que acusó de vulnerar derechos fundamentales.
Los gremios estatales rechazaron además el argumento oficial de que la reforma no impacta en el sector público. Sostienen que numerosos organismos estatales se rigen total o parcialmente por la Ley de Contrato de Trabajo que el proyecto pretende modificar, lo que alcanzaría a áreas como PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, la DGI, la Aduana, la Administración General de Puertos, empresas públicas y organismos descentralizados, entre otros.
Otro de los puntos cuestionados es el cambio propuesto sobre la figura del monotributo, al que los sindicatos consideran una maniobra para perpetuar situaciones de fraude laboral tanto en el Estado nacional como en provincias y municipios. En la reunión participaron gremios de la salud, la justicia, la energía, las telecomunicaciones, la docencia universitaria, el sector portuario y vial, además de jubilados, abogados laboralistas y académicos, que coincidieron en rechazar el contenido de la reforma y respaldar la convocatoria al paro general del 11 de febrero.
