La Libertad Avanza se encamina a una semana decisiva en el Congreso, con dos debates de alto voltaje político que pondrán a prueba su capacidad de negociación. El miércoles, el oficialismo buscará en el Senado la media sanción de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, mientras que el jueves la Cámara de Diputados avanzará con el tratamiento del nuevo Régimen Penal Juvenil, que propone bajar a 14 años la edad de imputabilidad.
En el caso del Régimen Penal Juvenil, el panorama aparece más despejado para el oficialismo. El proyecto, impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, comenzará a tratarse formalmente con la conformación de comisiones el martes y miércoles, para llegar al recinto el jueves con dictamen. Además de fijar la edad de imputabilidad en 14 años, La Libertad Avanza accedió a un reclamo de los gobernadores para que la Nación absorba parte del costo fiscal de la implementación en las provincias que adhieran al régimen.
Ese gesto le permitió al oficialismo asegurar el acompañamiento del PRO, de varias fuerzas provinciales y, según se descuenta, de un sector de Unión por la Patria referenciado en Sergio Massa, dado que la baja de la edad de imputabilidad es una de las banderas históricas del Frente Renovador. De no mediar sorpresas, el jueves el Gobierno espera anotarse un triunfo con la aprobación del proyecto, que luego deberá pasar al Senado para su sanción definitiva.
Distinto es el escenario para la reforma laboral, donde persisten fuertes dudas sobre el texto final y los apoyos necesarios para su aprobación. La propia Bullrich, que asumió la conducción de las negociaciones por fuera de la Cámara de Diputados, adelantó que la letra definitiva del proyecto se conocerá recién al momento de la votación. La estrategia apunta a evitar que se empantanen las conversaciones, en especial las que encabeza el ministro del Interior, Diego Santilli, con los gobernadores.
El eje del conflicto no pasa tanto por los cambios laborales en sí, sino por el impacto fiscal de la iniciativa. En particular, la baja del impuesto a las Ganancias para las empresas, un tributo coparticipable que, de reducir su recaudación, afectaría directamente a las finanzas provinciales. Ese artículo se volvió el punto más sensible de la discusión y desplazó del centro del debate otros aspectos de la reforma, como los bancos de horas, el pago de salarios en especie, el tope a las indemnizaciones o el fraccionamiento de las vacaciones.
A ese escenario se suma la controversia en torno al Fondo de Asistencia Laboral, que se financiaría con aportes patronales y restaría recursos a la Anses para cubrir indemnizaciones por despidos sin causa. Desde la UCR reclamaron que se diferencie su aplicación entre pequeñas y grandes empresas, mientras que los gremios buscan frenar los artículos que afectan su financiamiento. En paralelo al debate legislativo, las organizaciones sindicales ya anticiparon movilizaciones en las inmediaciones del Congreso el día de la votación, en una semana que promete tensión política y definiciones clave para el Gobierno.
