Redacción SLC
La Justicia de Concepción dispuso la prisión preventiva por 30 días para un hombre de 34 años acusado de una serie de hechos de amenazas, hostigamiento y desobediencia judicial en perjuicio de su expareja, familiares y allegadas de la mujer. La medida fue adoptada tras una audiencia en la que la Fiscalía expuso un extenso historial de episodios de violencia ocurridos durante los últimos meses.
La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual I del Centro Judicial Concepción. Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal Fernando Sale, siguiendo instrucciones del fiscal Jorge Echayde, formuló cargos contra Carlos Luciano Nieva y detalló 25 hechos que habrían ocurrido entre el 3 de febrero y el 24 de mayo de este año.
Según la acusación, el imputado incumplió en reiteradas oportunidades una orden judicial que le prohibía acercarse a la víctima y realizar actos de perturbación. La medida había sido dictada el 10 de febrero, pero, de acuerdo con la investigación, el acusado continuó hostigando a la mujer mediante mensajes, llamadas y amenazas dirigidas tanto a ella como a personas de su entorno.
Para sustentar la imputación, la Fiscalía presentó registros fílmicos, audios, mensajes intimidatorios, fotografías de daños materiales y pericias realizadas sobre un vehículo presuntamente utilizado por el acusado. Además, un informe médico forense concluyó que Nieva comprende plenamente la naturaleza de sus actos y puede dirigir sus acciones, descartando la existencia de algún estado de alienación mental que pudiera afectar su responsabilidad penal.
Al solicitar la medida de coerción más gravosa, Sale remarcó la gravedad y reiteración de las conductas investigadas. “Hablamos de una cantidad importantísima de hechos relacionados con cuestiones vinculadas a la violencia de género; una víctima que por su condición de mujer debe tener una doble protección”, sostuvo durante la audiencia.
La Fiscalía también argumentó que el acusado habría utilizado distintos números telefónicos para continuar con las amenazas y evitar ser identificado, una conducta que, según los investigadores, podría poner en riesgo la producción de pruebas y las declaraciones de víctimas y testigos. Por esa razón, consideró necesario mantenerlo privado de la libertad mientras avanza la investigación.
La defensa, por su parte, solicitó que se le concediera arresto domiciliario por 30 días en la vivienda de sus padres. Sin embargo, el juez interviniente entendió que las medidas alternativas resultaban insuficientes para neutralizar los riesgos procesales planteados por el Ministerio Público Fiscal.
En consecuencia, resolvió hacer lugar parcialmente al planteo de la acusación y ordenó la prisión preventiva por el término de un mes. El magistrado consideró acreditada la existencia de riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, especialmente por la cantidad de hechos denunciados y los reiterados incumplimientos de órdenes judiciales.
Entre los episodios atribuidos al imputado figura un hecho ocurrido durante la madrugada del 24 de mayo en inmediaciones de calle San Martín al 2500, en Concepción. Según la investigación, el acusado interceptó a la víctima cuando se encontraba junto a su hermana y un grupo de amigas, generando una situación de extrema tensión.
La Fiscalía sostiene que las jóvenes intentaron alejarse a bordo de una camioneta familiar, pero que el acusado comenzó a golpear el vehículo mientras lanzaba nuevas amenazas. Incluso habría llegado a subirse al capot para impedir que se retiraran, permaneciendo allí durante varias cuadras hasta que la intervención de transeúntes permitió controlar la situación.
Con la prisión preventiva ya dictada, la causa continuará avanzando bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual I, mientras se profundiza la recolección de pruebas en un expediente que investiga una presunta escalada de violencia de género y reiterados incumplimientos de disposiciones judiciales.
