Caso Érika Álvarez: elevaron a juicio la causa y la Fiscalía pedirá prisión perpetua para Felipe Sosa

La causa por el crimen de Érika Antonella Álvarez, de 25 años, fue elevada a juicio oral y público luego de cuatro jornadas de audiencia de control de acusación y admisibilidad de la prueba. La decisión fue adoptada este jueves 17 de septiembre por la jueza interviniente, que hizo lugar al requerimiento presentado por el Ministerio Público Fiscal.

La joven fue encontrada sin vida el 8 de enero de 2026 en un basural de la zona de Manantial Sur, luego de haber sido vista por última vez durante la madrugada del día anterior. Por el crimen, Felipe “El Militar” Sosa está señalado como principal acusado y la Fiscalía anticipó que solicitará prisión perpetua durante el juicio.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios I, conducida por el fiscal Pedro Gallo, quien participó de las audiencias junto con la auxiliar de fiscal Carolina Brito Ledesma. Además de Sosa, continúan imputados Justina Gordillo, de 48 años, y Jorge “Chicho” Díaz, de 41, ambos acusados de encubrimiento.

En otro tramo del expediente, Nicolás Navarro Flores, de 37 años, fue condenado el 29 de julio a tres años de prisión mediante un juicio abreviado. Su situación quedó resuelta por esa vía mientras el proceso contra los restantes imputados avanzó hacia la instancia de debate oral.

Para Justina Gordillo, el Ministerio Público Fiscal solicitó seis años de prisión efectiva por encubrimiento por favorecimiento personal y real, triplemente agravado. Según la acusación, los agravantes estarían vinculados con la gravedad del delito precedente, un supuesto ánimo de lucro y su condición de funcionaria pública.

En el caso de Jorge Díaz, la Fiscalía también requirió una pena de seis años de prisión efectiva. La imputación corresponde a un presunto encubrimiento por favorecimiento personal y real, agravado por la gravedad del hecho que se habría intentado ocultar.

Los pedidos de pena formulados por el Ministerio Público Fiscal fueron acompañados por la querella. Las responsabilidades y eventuales condenas, sin embargo, deberán ser determinadas por el tribunal que intervenga en el juicio.

Qué sostiene la Fiscalía contra Sosa

De acuerdo con la teoría del caso presentada por el Ministerio Público, Érika Álvarez salió de su domicilio de Gerónimo Helguera al 1700, en San Miguel de Tucumán, el 7 de enero de 2026 alrededor de las 3.37. Desde allí habría abordado un vehículo de Uber y se trasladó hasta la vivienda de Sosa, ubicada en Santo Domingo al 1100, en Yerba Buena.

Según la acusación, la joven llegó aproximadamente a las 3.50 y el ataque habría ocurrido entre ese momento y cerca de las 7. La Fiscalía sostiene que Sosa habría aprovechado una situación de vulnerabilidad y una relación desigual de poder.

La autopsia determinó múltiples lesiones en las regiones cráneo-facial y cervical y estableció como causa de muerte un traumatismo cráneo-facial y cervical. Estos elementos forman parte de la prueba que será discutida durante el debate oral.

Durante las audiencias, Gallo expuso los fundamentos por los cuales el Ministerio Público calificó el hecho como femicidio. La Fiscalía hizo referencia a distintos factores de vulnerabilidad de Álvarez y sostuvo que su condición de mujer, sumada a circunstancias económicas, sociales y vinculadas con un problema de consumo, habría sido aprovechada por el acusado.

Otro de los elementos incorporados a la hipótesis fiscal fue el análisis del teléfono celular secuestrado a Sosa. Según expuso Gallo, en el dispositivo se encontraron expresiones que el fiscal consideró denigrantes hacia las mujeres y particularmente hacia mujeres con las que el imputado habría mantenido encuentros en su domicilio.

Para la Fiscalía, esos elementos forman parte de su hipótesis sobre una presunta cosificación de la víctima. La valoración de ese material y su alcance serán materia de discusión durante el juicio.

La acusación contra Gordillo y Díaz

Respecto de Justina Gordillo, la Fiscalía sostiene que mantuvo comunicaciones con Sosa desde las 7.32 del 7 de enero y que posteriormente se presentó en su domicilio. Según la hipótesis acusatoria, permaneció allí durante varias horas y regresó durante la noche.

El Ministerio Público le atribuye una presunta colaboración en el ocultamiento del cuerpo, la eliminación de rastros y la desaparición de elementos vinculados con Álvarez. También sostiene que habría intervenido en maniobras destinadas a ocultar el vehículo utilizado por Sosa.

La acusación agrega que Gordillo habría colaborado con la fuga del principal acusado hacia la provincia de Buenos Aires. Según esa hipótesis, le habría proporcionado una motocicleta KTM y posteriormente dinero e información relacionada con la investigación para ayudarlo a eludir a la Justicia.

En cuanto a Jorge Díaz, la Fiscalía sostiene que llegó a la vivienda de Sosa cerca de las 15.17 del 7 de enero a bordo de una camioneta Chevrolet S10 perteneciente a “Mundo Limpio”. De acuerdo con la acusación, habría participado en tareas destinadas a eliminar rastros, hacer desaparecer el teléfono de Álvarez y limpiar el inmueble.

El Ministerio Público también sostiene que Díaz se habría retirado del lugar con un estuche que contenía armas y municiones que Sosa le habría entregado para ocultarlas. Entre los elementos mencionados figuran una pistola Glock calibre .40, una escopeta calibre 12, 11 cartuchos calibre .40 y cuatro cartuchos calibre 12.

Durante las audiencias de control de acusación, las partes alcanzaron más de 25 convenciones probatorias y fueron admitidos testimonios, pericias, documentos y distintos elementos materiales que podrán incorporarse al debate.

El Ministerio Público Fiscal anunció que presentará 77 testigos, entre ellos Navarro Flores, efectivos policiales, peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), allegados a los involucrados y otras personas vinculadas con la pesquisa.

También fueron admitidas pruebas genéticas de ADN, registros de cámaras públicas y privadas, información obtenida de dispositivos electrónicos y objetos secuestrados durante la investigación. Entre estos elementos aparecen las bolsas que cubrían el cuerpo de Álvarez, cuerdas, teléfonos celulares y otros objetos que la Fiscalía considera relevantes para reconstruir las circunstancias del crimen.

Con la elevación a juicio ya aprobada, el expediente será remitido a la Oficina de Gestión de Audiencias. Ese organismo deberá avanzar con el sorteo del tribunal que tendrá a su cargo el debate y establecer la fecha para el inicio del juicio oral.

La próxima etapa permitirá que la acusación y las defensas presenten y controviertan las pruebas admitidas durante las audiencias preliminares. Será el tribunal, luego del debate y la valoración de la prueba producida en juicio, el que deberá determinar las eventuales responsabilidades penales de los acusados.