El Estado transfirió $12.500 millones en ATN a cuatro provincias en medio del conflicto por la coparticipación

Mientras persiste la tensión con los gobernadores por el veto presidencial a la Ley que proponía una reforma en la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el Gobierno nacional transfirió el viernes pasado $12.500 millones a cuatro provincias bajo ese mismo concepto. Se trata de fondos de carácter discrecional, destinados a atender desequilibrios financieros, y cuya distribución volvió a quedar en el centro de la polémica.

Según un informe privado, las jurisdicciones que recibieron los fondos fueron Misiones ($4.000 millones), Entre Ríos ($3.000 millones), Santa Fe ($3.000 millones) y Chaco ($2.500 millones). La provincia de Entre Ríos es la que más beneficios obtuvo en los últimos meses: fue la única que recibió ATN en agosto y volvió a figurar en los envíos de septiembre, acumulando así $6.000 millones en solo dos meses.

La transferencia de fondos ocurre en un contexto político particular. Entre Ríos y Chaco mantienen acuerdos electorales con La Libertad Avanza. En ambos distritos, los candidatos a diputados y senadores nacionales de cara a las próximas elecciones legislativas representan al oficialismo nacional o integran listas en alianza con el espacio de Javier Milei. 

La sintonía política entre estas gobernaciones y la Casa Rosada genera suspicacias sobre los criterios de distribución de los ATN. En cambio, las situaciones de Santa Fe y Misiones son distintas. Ninguna de estas provincias fue convocada por el Ejecutivo nacional a los encuentros políticos recientes y sus respectivos mandatarios han expresado críticas públicas hacia la gestión de Milei. 

Tampoco existen alianzas electorales vigentes con La Libertad Avanza en esos distritos. Aun así, ambas fueron incluidas en esta reciente asignación de recursos. La controversia en torno a los ATN se intensificó luego del veto presidencial a la ley que establecía una nueva fórmula de reparto más equitativa y automática para estos fondos. 

La normativa había sido impulsada por legisladores de distintos bloques provinciales, con el argumento de poner fin a la discrecionalidad en el manejo de estos recursos. El rechazo del Ejecutivo encendió la disputa con varios gobernadores, que ahora reclaman mayor transparencia y reglas claras.