
A través del Boletín Oficial, la provincia formalizó un importante convenio con Nación para saldar deudas recíprocas
Lo hizo a través de un decreto provincial que lleva la firma del gobernador.
El secretario adjunto de Adiunt brindó detalles acerca de la crítica situación por la que atraviesan los docentes universitarios.
Política18/09/2025En medio de las tensiones por el Presupuesto 2026 y la reforma universitaria, Diego Toscano, secretario adjunto de Adiunt, alertó sobre los graves efectos del desfinanciamiento que enfrentan las universidades públicas bajo el Gobierno de Javier Milei. Durante su intervención en Sin Letra Chica, Toscano denunció una estrategia del Gobierno que calificó de “extorsión” hacia la oposición, previo a que Diputados hiciera caer el veto a ley de financiamiento universitario.
Según el dirigente gremial, lo que está en juego no es solo el presupuesto, sino también el modelo de gobernanza y la misma estructura institucional del país. El secretario de Adiunt explicó que el presupuesto de las universidades argentinas depende en su gran mayoría de los salarios de los trabajadores, docentes y no docentes.
"Entre el 90 y el 95% del presupuesto universitario está destinado a salarios", explicó Toscano, señalando que la falta de fondos para investigación y extensión universitaria está llevando a un retroceso en la calidad educativa. En este contexto, mencionó que el modelo de enseñanza superior que promueve el actual Gobierno no es sostenible ni viable.
Para el gobierno de Milei, según Toscano, la solución pasa por un modelo de "docente honorario", donde los profesores, además de su labor educativa, trabajen en el sector privado y den clases por un salario simbólico. Este cambio en la estructura salarial y educativa, a juicio de Toscano, tiene consecuencias profundas. Las universidades públicas, que mantienen un alto nivel de formación y competitividad internacional, se sostienen gracias al esfuerzo de sus trabajadores, quienes deben realizar "maravillas con muy poca plata".
"Lo que vemos ahora es un fenómeno de pluriempleo. Los docentes, agotados y mal remunerados, buscan alternativas laborales, lo que afecta la calidad de la enseñanza", comentó Toscano.
El dirigente también destacó que la falta de recursos está deteriorando gravemente la investigación científica en las universidades, algo que, según él, es fundamental para el desarrollo del país. “Hoy la situación es tan grave que ya no hay dinero ni para financiar proyectos de investigación, ni para mantener los programas de extensión universitaria que tanto aportan a la sociedad”, señaló.
Esta crisis no solo afecta a los docentes, sino que también repercute en los estudiantes y en la sociedad en su conjunto, ya que las universidades argentinas son un pilar fundamental para el desarrollo económico y científico del país. El problema, según Toscano, no se limita al presupuesto, sino a una cuestión más amplia que tiene que ver con las prioridades del Gobierno.
Toscano también se refirió a la situación vivida bajo gestiones gubernamentales anteriores, como la de Alberto Fernández, destacando que, aunque también hubo desfinanciamiento durante ese período, lo que se está viviendo ahora es un "salto cualitativo" en el vaciamiento de las universidades. "No estamos contra un Gobierno, estamos defendiendo la educación pública, la igualdad de oportunidades", aseguró.
El reclamo de los gremios docentes, y particularmente el de Adiunt, no es solo por un aumento salarial, sino por la supervivencia de las universidades públicas como instituciones de calidad. Según una reciente encuesta publicada por La Nación, el 88.9% de los argentinos tiene una imagen positiva de la universidad pública, y el 94% considera que estas universidades son fundamentales para el desarrollo del país.
Sin embargo, Toscano advirtió que si la situación continúa deteriorándose, la capacidad de las universidades para seguir cumpliendo este rol está en serio riesgo. En este escenario, el futuro de la educación pública argentina parece cada vez más incierto, mientras el gobierno de Milei avanza con su agenda de ajuste fiscal y reestructuración del sistema educativo, poniendo en peligro uno de los pilares más importantes del Estado de bienestar en el país.
Lo hizo a través de un decreto provincial que lleva la firma del gobernador.
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