Redacción SLC
La Defensoría del Pueblo de Tucumán presentó una acción de amparo colectivo ante la Justicia Federal para frenar la quita masiva de pensiones no contributivas (PNC) por invalidez laboral. La medida apunta directamente contra la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a la que acusan de violar derechos fundamentales al aplicar auditorías sin respetar garantías básicas del debido proceso.
El defensor del pueblo, ingeniero Eduardo Cobos, encabezó la presentación junto a la Federación Regional de Ayuda Social al Insuficiente Mental del NOA (FRASIM), en una acción que busca salvaguardar los derechos humanos de personas con discapacidad, cuyas pensiones ya fueron suspendidas o están en riesgo inminente de ser dadas de baja.
En el escrito judicial se argumenta que el procedimiento utilizado por ANDIS vulnera derechos consagrados en la Constitución Nacional y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional desde la sanción de la Ley 27.044. En particular, se cuestiona la falta de cumplimiento con los principios de progresividad y no regresividad que deben regir toda política pública vinculada a derechos humanos.
Desde la Defensoría denuncian que muchas de las bajas de pensiones se ejecutaron sin notificación previa, impidiendo que las personas afectadas pudieran ejercer su defensa. Además, señalan graves irregularidades en los procesos de auditoría, como plazos exiguos o notificaciones defectuosas, que complicaron la presentación de estudios médicos actualizados o la posibilidad de apelar.
La consecuencia inmediata de estas suspensiones, remarcan, no es solo la pérdida del ingreso económico, sino también la interrupción de prestaciones médicas esenciales, dejando en situación de extrema vulnerabilidad a miles de personas.
Como medida cautelar urgente, el amparo solicita al Poder Judicial que ordene al Estado Nacional reponer de inmediato las pensiones dadas de baja sin debido proceso y que se suspendan las nuevas suspensiones hasta tanto ANDIS adecúe su accionar a los estándares legales y constitucionales.
La Defensoría del Pueblo aclaró que, en caso de ser favorable, la medida tendrá alcance colectivo, lo que significa que beneficiará a todas las personas en Tucumán que se encuentren afectadas por esta situación, sin necesidad de que cada uno inicie un trámite individual.
