Redacción SLC
El Gobierno de Javier Milei promulgó este lunes la Ley N° 27.793, conocida como la Ley de Emergencia en Discapacidad, un avance importante para el reconocimiento y la atención de las personas con discapacidad en el país. Sin embargo, la aplicación de la norma quedará suspendida hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento y las incorpore al Presupuesto Nacional, como lo establece el Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial.
La ley, que declara la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 (con posibilidad de prórroga por un año más), contempla una serie de medidas pensadas para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Entre estas medidas se incluyen la creación de una pensión no contributiva, la actualización mensual de los aranceles de las prestaciones básicas, compensaciones económicas para prestadores y beneficios fiscales para los empleadores que contraten personas con discapacidad.
A pesar de su importancia, el Gobierno explicó que la implementación total de la ley demandaría más de 3 billones de pesos, lo que equivale al 0,35% del Producto Bruto Interno (PBI) del país.
Dado que esta cifra no está contemplada en el presupuesto actual, el Ejecutivo advirtió que, aun destinando todas las partidas disponibles, se pondrían en riesgo servicios esenciales como seguridad, justicia y alimentación en las cárceles.
Ante este panorama, la administración de Milei optó por una solución parcial. En paralelo a la promulgación de la Ley, se oficializó la Decisión Administrativa 24/2025, que refuerza parcialmente el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Esta medida tiene como objetivo reasignar fondos del Tesoro para atender urgencias inmediatas, como la actualización de los aranceles de los prestadores de servicios.
