Redacción SLC
El Gobierno nacional oficializó este martes la designación de nuevas autoridades en organismos estratégicos para el desarrollo agropecuario y vitivinícola, en el marco de la restitución de sus estructuras originales tras el rechazo legislativo a los decretos delegados que habían modificado su funcionamiento. Las designaciones alcanzan al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), todos fundamentales en la regulación, fiscalización e innovación del sector.
En el INTA, Nicolás Bronzovich fue nombrado presidente y Carlos Alberto Antonio Vera ocupará la vicepresidencia. La institución, con fuerte presencia territorial y técnica, mantendrá su rol en la investigación, el desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimientos al entramado productivo nacional, asegurando así la continuidad de políticas orientadas a la modernización de las cadenas agroindustriales.
En tanto, el INASE será conducido por el ingeniero agrónomo Martín Famulari, quien quedará a cargo de la regulación y control de la producción y comercialización de semillas, un eslabón clave en la trazabilidad y calidad de la producción agrícola. Por su parte, el INV designó como presidente a Carlos Raúl Tizio Mayer, con la tarea de liderar el control y la fiscalización de la actividad vitivinícola, una industria central para las economías regionales del país.
Estas decisiones se producen tras la publicación de los decretos 627/2025 y 628/2025, que restablecieron la estructura y funciones de numerosos organismos afectados por anteriores medidas del Poder Ejecutivo. En ese marco, también se recuperaron las competencias originales del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), la Agencia Regulatoria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), entre otros.
Los decretos también restablecieron la autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos, la organización previa de Vialidad Nacional, el Teatro Nacional Cervantes y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. En paralelo, se dejó sin efecto la flexibilización del Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional, revirtiendo su declaración como “servicio esencial” y recuperando los controles regulatorios anteriores.
