Redacción SLC
El sobreendeudamiento de los hogares volvió a instalarse en la agenda de la Legislatura tucumana. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado a partir de datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), más de 257.000 familias de la provincia tienen deudas en situación irregular, mientras que el nivel de morosidad se ubica cerca del 19%.
El estudio, que analiza la evolución del endeudamiento y la mora de las familias, toma como situación irregular las categorías de riesgo que contemplan atrasos superiores a los 90 días. A nivel nacional, el informe registró una fuerte expansión de la morosidad y señaló que los préstamos personales y las tarjetas de crédito concentran una parte importante de la deuda familiar.
En Tucumán, el indicador se encuentra por encima de la media nacional y ubica a la provincia entre los distritos con mayor nivel de irregularidad. Según detalló La Gaceta, el escenario encendió la discusión política en la Legislatura, donde se encuentran bajo análisis más de media docena de propuestas destinadas a atender el problema del sobreendeudamiento.
Aunque buena parte de las iniciativas apunta inicialmente a los empleados de la administración pública provincial, en las últimas horas tomó fuerza la posibilidad de ampliar el alcance de las herramientas de alivio. La intención sería incorporar también a trabajadores del sector privado y otros grupos que enfrentan dificultades para afrontar préstamos y consumos financiados.
Entre los proyectos que se encuentran en estudio aparece una iniciativa de Alfredo Toscano que plantea crear un régimen especial de financiamiento de deudas crediticias para empleados de la administración pública provincial. La propuesta contempla a trabajadores con ingresos de hasta seis salarios mínimos y establece una línea a tasa cero para cancelar saldos de tarjetas de crédito del Banco Macro, agente financiero de la Provincia.
El proyecto fija además un tope del 25% para la afectación del salario y busca evitar que las tasas de interés profundicen las situaciones de mora. El planteo parte de la preocupación por el creciente uso del crédito para afrontar gastos cotidianos, incluidos consumos vinculados con la compra de alimentos.
Otra iniciativa, impulsada por Gerónimo Vargas Aignasse, propone crear un régimen de protección del salario frente al sobreendeudamiento para empleados públicos. El objetivo es resguardar el carácter alimentario de los haberes y establecer condiciones para el uso del sistema estatal de descuento directo por planilla.
En este caso, se plantea un límite al costo financiero total equivalente a la inflación interanual más 10 puntos porcentuales y una afectación salarial máxima del 30% del haber neto. La iniciativa apunta así a establecer límites sobre el peso que pueden tener las obligaciones financieras sobre los ingresos de los trabajadores.
Una de las propuestas que amplía el universo de beneficiarios es la presentada por Alberto Olea. El proyecto crea el Programa Tucumán de Alivio y Desendeudamiento Personal para residentes con ingresos de hasta 10 salarios mínimos y contempla a empleados públicos y privados, monotributistas, autónomos, jubilados y pensionados.
La iniciativa propone una línea crediticia preferencial para consolidar deudas preexistentes, con transferencia directa a los acreedores. También establece una tasa nominal anual máxima del 35%, plazos de hasta 36 meses y cuotas que no superen el 25% del ingreso neto.
El proyecto incorpora además asesoramiento interdisciplinario gratuito y campañas de educación financiera. Esta última herramienta también aparece en otras propuestas que buscan que los consumidores cuenten con mayor información antes de asumir nuevas obligaciones crediticias.
El debate legislativo también reúne proyectos provenientes de distintos espacios políticos, entre ellos los impulsados por Carlos Gallia, Ernesto Gómez Gómez Rossi y Silvia Elías de Pérez, además de iniciativas de legisladores de Compromiso Tucumán como Toscano, Claudio Viña y Rolando Alfaro.
A estas propuestas se suman dos proyectos presentados por la Unión de Usuarios y Consumidores y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Uno plantea crear un Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores y Usuarios, con un procedimiento administrativo gratuito para reestructurar obligaciones y audiencias de conciliación destinadas a acordar quitas, períodos de gracia o reducciones de tasas.
El segundo propone modificar la Ley N° 8.365 para crear una Red Provincial de Puntos de Atención a Consumidores y Usuarios, con una estructura descentralizada en 19 municipios y 93 comunas rurales. La intención es acercar asesoramiento y herramientas de resolución de conflictos a quienes enfrentan problemas con sus deudas.
Mientras tanto, en la Legislatura se evalúa el cronograma para llevar estas iniciativas al recinto. La discusión que inicialmente podía incorporarse a la sesión del miércoles 30 de septiembre podría trasladarse a la próxima sesión, prevista para el jueves 8 de octubre, con el objetivo de intentar ampliar el alcance de las medidas y contemplar también a trabajadores del sector privado.
El escenario financiero de los hogares forma parte de una tendencia que también registra el informe de CEPA a nivel nacional: en junio de 2026 había 20,96 millones de deudores considerando bancos y billeteras virtuales, de los cuales 5,91 millones se encontraban en situación de morosidad.
