Tucumán Eleva a $11.687 millones el reclamo contra Hidroeléctrica Tucumán por reparaciones en el dique Celestino Gelsi

El Gobierno de Tucumán intensificó su reclamo contra la concesionaria Hidroeléctrica Tucumán SA (HTSA) por los fondos destinados a la reparación de la presa lateral N.º 3 del Complejo Hidroeléctrico Celestino Gelsi, más conocido como el dique El Cadillal. En una reciente ampliación del expediente, la Fiscalía de Estado elevó el monto reclamado de 936 millones a 11.687 millones de pesos, una cifra que podría seguir aumentando dependiendo de las redeterminaciones de obra y otros gastos imprevistos.

La disputa comenzó en marzo de 2024, cuando la Provincia llevó el caso ante la Justicia Federal de Tucumán para exigir la restitución de los fondos. Inicialmente, la obra había sido estimada en 688 millones de pesos, pero el monto aumentó con el avance de las inspecciones técnicas y los trabajos ejecutados por la unión de empresas Sabavisa–Mercovial. 

El Ejecutivo justificó el desembolso por el riesgo de colapso de la presa, un hecho que, según indicó, podría haber causado la pérdida de vidas humanas y afectado el abastecimiento de agua para la población y los sectores productivos. El reclamo se ha tornado más complejo, ya que la empresa HTSA ha negado la responsabilidad de afrontar los costos de las reparaciones. 

En sus presentaciones, la concesionaria cuestionó la urgencia de la intervención y el procedimiento adoptado por la Provincia. Además, pidió el levantamiento de una medida cautelar que pesa sobre sus bienes, consistente en un embargo preventivo por 1.232 millones de pesos, que corresponde a los gastos de la primera etapa de la obra y otros desembolsos relacionados.

La Fiscalía de Estado, en su presentación del 9 de mayo pasado, explicó que fue necesario ampliar el alcance de la obra, sumando 3.246 millones de pesos en una primera etapa y 6.998 millones en una segunda. Esto llevó a que la cifra total reclamada alcanzara los 11.687 millones, sin contar posibles nuevas actualizaciones. Además, el reclamo incluye los honorarios por la inspección de los trabajos, equivalentes al 3% del total.

Por su parte, la defensa de la concesionaria argumenta que no se puede atribuir responsabilidad a HTSA por el deterioro de la presa lateral N.º 3, ya que las auditorías externas realizadas desde 1999 nunca le imputaron culpa, y en los informes de esas auditorías se destacó la “muy buena” o “satisfactoria” actuación de la empresa. La concesionaria sostuvo que los defectos constructivos previos a la firma de la concesión son la causa de los asentamientos que motivaron la intervención, y no un acto de negligencia o mal manejo por parte de HTSA.

En cuanto al Estado Nacional, citado como tercero interviniente, también rechazó la idea de que los fondos federales deban cubrir los gastos de la reparación. Según el Gobierno Nacional, el contrato de concesión establece que la responsabilidad por estos problemas recae directamente sobre la concesionaria.

El proceso judicial se encuentra en una fase clave, con el juez Enrique Alonso Reguera permitiendo a las partes presentar pruebas durante 40 días. Mientras tanto, continúan los incidentes relacionados con el embargo preventivo y otros aspectos del litigio, que se desarrollan en paralelo. En este contexto, la fecha de vencimiento de la concesión, prevista para julio de 2026, añade una presión temporal adicional a la disputa, que podría extenderse por varios años más.