Redacción SLC
Pese a los intentos de diálogo, el conflicto en el transporte público de pasajeros sigue sin solución. En una reunión de conciliación convocada por la Secretaría de Trabajo, los empresarios del sector ratificaron la suspensión de 150 choferes que operan en las líneas urbanas de la Capital. Aunque el encuentro pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles al mediodía, desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no descartaron medidas de fuerza, que serán evaluadas por los delegados.
El acta firmada durante la audiencia establece que en la próxima reunión serán convocados funcionarios del municipio que conduce la intendenta Rossana Chahla, tal como había solicitado la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat). La medida busca incorporar a la Municipalidad al diálogo, en medio de una relación cada vez más tensa entre las empresas y el Ejecutivo capitalino.
El enfrentamiento entre ambas partes no es nuevo. Mientras el municipio cuestiona la calidad del servicio y el cumplimiento de frecuencias, los empresarios sostienen que la administración local no garantiza la sustentabilidad del sistema, lo que habría generado deudas millonarias y el riesgo de quiebra de varias compañías. Tras las elecciones del 26 de octubre, Aetat insistió con aplicar un sistema de “boleto por kilómetro recorrido”, similar al que funciona en otras provincias, y denunció una “inacción” municipal que —según advirtieron— “favorece el quebranto del transporte”.
El vicepresidente de Aetat, Jorge Berretta, y el secretario de la entidad, César Atim, confirmaron el lunes las suspensiones rotativas del personal, argumentando que se trata de una medida de emergencia para evitar el colapso financiero. Desde el gremio, en cambio, el secretario general de UTA, César González, rechazó la decisión y calificó las suspensiones como “ajenas a la responsabilidad de los trabajadores”.
En el acta de la audiencia, Aetat reiteró que ya había informado al municipio sobre la crisis del sector y propuso alternativas, insistiendo en que “la situación económica no responde al riesgo empresario, sino a políticas erradas del Ente municipal”. Los representantes pidieron formalmente la participación de la intendenta Chahla en la mesa de conciliación, amparándose en la ordenanza 400/79 de Transporte.
Por su parte, González afirmó que el conflicto “sigue de la misma manera” y advirtió que, si no hay respuestas, la asamblea gremial definirá los pasos a seguir. Según explicó, las suspensiones van de cinco a doce días y afectan a la totalidad de las líneas urbanas, alcanzando a unos 150 choferes. Reconoció que la venta de boletos cayó entre un 20% y un 30%, agravada por la competencia de servicios informales como Uber Moto, pero remarcó que “no se permitirá que los trabajadores pierdan salario ni queden en la calle”.
Mientras tanto, el secretario de Trabajo, Andrés Ceferino Galván, resolvió convocar de manera urgente a una nueva audiencia con la participación de la Municipalidad. El objetivo: intentar evitar que el conflicto escale y se interrumpa el servicio público de transporte en la ciudad.
En declaraciones a la prensa, Berretta reiteró que Aetat “no pidió un aumento de tarifas”, sino un cambio en el sistema de pago por kilómetro recorrido, y cuestionó la falta de controles municipales sobre los servicios ilegales. “Está comprobado que estamos quebrados. Si esto sigue así, puede llegar un punto en que directamente no haya servicio por razones económicas”, advirtió.
