Redacción SLC
El Gobierno nacional dispuso la desregulación del sistema de aranceles de los colegios privados en todo el país. A través del Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, se derogó el Decreto 2417/1993, una norma que durante más de 30 años reguló la relación entre el Estado y los institutos de educación pública de gestión privada, estableciendo controles sobre los precios de matrículas y cuotas.
Con esta medida, los establecimientos dejarán de estar obligados a comunicar anticipadamente los valores que cobran ni a solicitar autorización para modificarlos. El Ejecutivo argumentó que la regulación vigente “presentaba limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos privados a las realidades educativas y económicas del país”.
Según los fundamentos del decreto, el sistema instaurado en los años 90 respondía a un contexto en el que el Gobierno nacional aún tenía a su cargo la administración de la educación. Con las competencias transferidas a las provincias, el Ejecutivo consideró necesario “revisar el marco normativo para favorecer un entorno más propicio para la gestión privada y garantizar la sostenibilidad del servicio educativo”.
El texto oficial sostiene que la intervención estatal en la fijación de aranceles tuvo “efectos contraproducentes” sobre la viabilidad económica de los colegios. En particular, advierte que la obligación de informar y obtener autorización previa para ajustar precios “impedía a las instituciones adaptarse a las fluctuaciones del mercado y cubrir sus costos operativos en tiempo real”.
Además, el decreto argumenta que esta rigidez en los controles “terminaba afectando a las familias”, ya que muchos colegios optaban por fijar aranceles iniciales más altos de lo necesario para anticiparse a posibles aumentos de costos sin autorización estatal. Ese mecanismo, señala el texto, “limitaba la capacidad de elección de las familias y, en algunos casos, las obligaba a cambiar a sus hijos de institución”.
El Gobierno también remarcó la necesidad de respetar el derecho de propiedad y la libertad de contratación de los institutos privados, permitiéndoles fijar sus condiciones laborales y salariales sin intervención del Estado. Desde esta perspectiva, la desregulación busca “fortalecer la competencia y la calidad educativa”, al otorgar a cada institución la posibilidad de definir su política de precios de acuerdo con la demanda del mercado.
